El Tribunal de Cuentas juzga hoy a Mas y a los exconsejeros Homs, Rigau y Ortega por los gastos del 9N

Arranca el juicio en el Tribunal de Cuentas al expresidente catalán Artur Mas y varios miembros de su equipo de gobierno por los gastos que generó a las arcas públicas la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.

La denuncia que ha dado origen a este procedimiento fue presentada por la plataforma Societat Civil Catalana (SCC), y la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

La Generalitat solicitaba el archivo de las diligencias y que no se permitiera la personación en el procedimiento de la Abogacía del Estado, que solicitó entrar ante la posibilidad de que en la consulta del 9-N se hubieran podido “ver afectados fondos públicos de carácter estatal”. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ratificó su personación.

Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable; su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos./ EP

La sesión, que ha arrancado a las diez de la mañana, se prolongará hasta el jueves, día en el que no habrá interrogatorios y se redactarán conclusiones por todas las partes. Serán los abogados de los demandantes los que pregunten a Mas y sus exconsejeros.

Hoy declaran Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau.

También serán juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquel referéndum -el 1 de octubre de 2017 se celebró otro ilegal- el exasesor Jordi Vilalloana; el ex director general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés; la ex directora de Servicios de Gobernación Josefina Valls; el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán; el director del DOGC, Jaume Domingo; y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.

EL TSJCat DESCARTÓ QUE FUERAN JUZGADOS POR PRESUNTA MALVERSACIÓN

Homs es el único de ellos que ha cumplido la condena, en su caso dictada por el Supremo. Mas, Ortega y Rigau recurrieron al Alto Tribunal, que aún no se ha pronunciado. La vista por sus recursos se celebrará el próximo 6 de noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó en octubre de 2016 enviar a juicio a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por los presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación, si bien descartó el de malversación, que acarrea penas de cárcel.

Paralelamente, en noviembre de 2016, el Congreso concedió el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder actuar contra Francesc Homs por la consulta, y el 29 de diciembre de ese año se conoció que el Supremo lo procesaba.

El TSJCat condenó a dos años de inhabilitación a Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta del 9 de noviembre de 2014; y a Ortega y Rigau a un año y nueve de meses de inhabilitación y a un año y seis meses, respectivamente, como colaboradoras necesarias.

Homs fue sentenciado por el Alto Tribunal a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad o funcionario público. La Fiscalía pedía 9 años de inhabilitación.

El exconseller y exdiputado del PDeCat presentó un recurso de amparo contra la sentencia, y ayer trascendió que el TC lo ha admitido a trámite.

El Tribunal de garantías estudiará si se produjeron vulneraciones a sus derechos fundamentales durante la tramitación y enjuiciamiento por esta causa. Homs alegó vulneración del derecho a la doble instancia, presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

El juicio se celebra un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en la consulta.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Unos fondos que debían pagar de forma subsidiaria los 9 investigados -Mas, Rigau, Ortega, Homs y cinco funcionarios del gobierno catalán- y que como no se abonó en tiempo y forma, fue confiscada en embargos de bienes inmuebles a los afectados.

El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y Artur Mas figuraba en todos ellos. Se le considera «máximo y último responsable».

Los bloque son: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

A HOMS LE PARECE ‘SORPRENDE’ QUE SE LES LLEVE A JUICIO POR RESPONSABILIDADES CONTABLES

Al exconsejero de presidencia Francesc Homs le parece «sorprendente» que el Tribunal de Cuentas les lleve a juicio por responsabilidades contables cuando ya hay condena por esos hechos.

Señala que no puede haber responsabilidades contables del Govern en el juicio del 9N si «tanto el TSJCat como el Tribunal Supremo han descartado que se cometiera un delito de malversación de caudales públicos».
«Nos vuelven a juzgar por lo que ya nos juzgaron y condenaron», lamenta Homs, y afirma sentirse «muy tranquilo» porque, a su juicio, «no hay recorrido posible» en el proceso del Tribunal de Cuentas.

‘SON LOS QUE INICIARON EL ‘PROCÉS’ Y HAN METIDO A CATALUÑA EN ESTA LOCURA; ESTÁ BIEN QUE ASUMAN SU RESPONSABILIDAD Y NO SE VAYAN DE ROSITAS’

“El Estado y en este caso el fiscal quiso ser condescendiente con Mas y Homs y no acusarlos por un delito que cometieron a todas luces y que era el único podía acarrear penas de cárcel”, manifiesta en Confilegal Juan Arza, abanderado de la causa antiindependentista.

Hace hincapié en que “la tolerancia ante los nacionalistas sólo obtiene más deslealtad” y “que a cualquier gesto amistoso del Estado, los separatistas responden dándole una bofetada”.

Destaca que «el juicio que se inicia ahora en el Tribunal de Cuentas es muy importante», «en primer lugar, porque se dirige contra un grupo de políticos que tienen una responsabilidad enorme en todo lo que ha ocurrido todos estos años, que han salido de la primera fila, pero son los que iniciaron el procés y han metido a Cataluña en esta locura, y está bien que asuman su responsabilidad y no se vayan de rositas».

Después indica que «si por aquel entonces, cuando estos políticos pusieron en marcha el primer referéndum ilegal, dedicaron a ello recursos económicos, malversando numerosos recursos públicos y desafiando al Estado y a los tribunales, si se les hubiera parado los pies en aquel referéndum del 9-N probablemente no habríamos llegado tan lejos, a la situación de ruptura, de desastre en el que estamos  en este momento».

Y también que considera que este juicio es muy importante porque «incide sobre algo que a los nacionalistas les hace muchísimo daño, que es sus intereses económicos». Subraya que «el nacionalismo no deja de ser una cobertura ideológica a unos intereses de clase y a unos intereses de grupo y les daña muchísimo ese ataque a su patrimonio o a sus intereses económicos».

Por tanto, considera que Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución «acertaron mucho cuando pusieron aquella denuncia defendiendo los intereses de todos los catalanes, incidiendo sobre un colectivo y sobre los intereses económicos de un colectivo que es clave».

Josep Bou, presidente de Empresaris de Cataluña, plataforma formada por más de 400 empresarios y directivos catalanes, tampoco entiende que «desoyesen el tema de la malversación de fondos, que es un hecho cierto».

«Todos en Cataluña sabemos que se utilizaron dotaciones económicas para contratar actividades, acciones, locales para hacer el 9N. Se malversó el dinero público, pero no se tuvo en cuenta», sentencia en este diario.

Subraya que «en un Estado de Derecho, como es España, se exige el cumplimiento de la ley a todos los ciudadanos sin distinción, a empresarios, trabajadores, funcionarios y jubilados, y también, como no podría ser de otra manera, a los políticos, que tienen la obligación de dar ejemplo a la ciudadanía».

Desde Empresaris de Catalunya esperan que el fallo sea condenatorio.