El Tribunal de Cuentas (TCu) celebrará el próximo viernes la audiencia previa sobre el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del ‘procés’, en el marco del procedimiento que se sigue contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, su exvicepresidente, Oriol Junqueras, y otros ex cargos del Gobierno autonómico catalán, a quienes se les reclama 3,4 millones de euros –de forma conjunta y solidaria– en concepto de responsabilidad contable.
La audiencia previa servirá para que las partes puedan plantear las «excepciones procesales» que estimen oportunas, tales como la eventual prescripción de la responsabilidad contable, y para que propongan la prueba que consideran necesario practicar durante el juicio.
Las fuentes del TCu consultadas por Europa Press explican que, si acusaciones y defensas no proponen ninguna prueba, la causa podría quedar vista para sentencia en la audiencia previa.
No obstante, las mismas fuentes indican que, lo más probable, es que las partes tengan interés en practicar prueba –por ejemplo, que declaren los encausados o testigos– y se avance hacia el juicio.
Con esta audiencia previa, el procedimiento por la responsabilidad contable del ‘procés’ se adentra en su recta final con decenas de excargos del gobierno autonómico catalán como acusados y Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC) como acusaciones.
FISCALÍA CALCULA 3,4 MILLONES DE EUROS DESVIADOS
El Ministerio Público presentó el pasado mes de abril una demanda contra 35 excargos del Govern donde además pedía apartar a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otras 14 personas, de la lista se posibles responsables contables, una petición a la que finalmente accedió el TCu.
En su demanda, el Ministerio Público rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el TCu a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Según explicó, la responsabilidad contable de algunos de los presentes en el procedimiento disminuyó «de manera considerable respecto del importe reclamado por la instructora» del Tribunal de Cuentas y respecto de la demanda de Sociedad Civil Catalana porque «los demandados y las cuantías son divergentes».
La Fiscalía precisó que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O «cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo» al condenar por malversación a Junqueras y a los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También incluyó en su demanda a tres «rebeldes»: Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Respecto a la parte de la demanda relativa a los gastos de la acción exterior, el Ministerio Fiscal incluyó tanto los viajes realizados por el ex presidente y los ex consejeros como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del ‘Diplocat’, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos.
SCC APUNTA A 5,3 MILLONES DE EUROS
Por su parte, Sociedad Civil Catalana presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que se incluyen Junqueras, Puigdemont y el también expresidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat.
En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable.
Inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como ‘Diplocat’, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O.
Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
En el marco de la causa, Puigdemont presentó un recurso contra la cifra reclamada por el Tribunal de Cuentas, al considerar que tenía «reconocida inmunidad como europarlamentario» que alcanzaba a «cualquier instancia y jurisdicción», incluido el órgano fiscalizador. Sin embargo, los argumentos del expresidente autonómico fueron desestimados.
LAS FIANZAS Y LOS AVALES
Posteriormente, el debate versó sobre las fianzas que los encausados debían aportar al Tribunal de Cuentas de cara al juicio. Cuando el órgano fiscalizador reclamó los 5,4 millones de euros, varias de las defensas consideraron oportuno presentar avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para evitar el embargo de bienes.
En un principio, el TCu no aceptó esta modalidad. La delegada instructora expuso que, «atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público», y a la interpretación del Código Civil, «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado». Finalmente, la Sala de Justicia del TCu corrigió y permitió presentar los avales públicos.
Tras admitirlos, el Tribunal de Cuentas aceptó devolver a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de la presunta responsabilidad contable de los ex altos cargos del Govern encausados.
