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Un nuevo presidente toma el testigo en el Consejo de la Abogacía Catalana: Ignasi Puig Ventalló

El nuevo presidente del Consell, Ignasi Puig Ventalló, a la izquierda, y el presidente saliente, Juan José Naveira; los dos secundaron la propuesta de enviar "observadores" a Madrid para supervisar al tribunal que va a juzgar a los encausados en el juicio del procés.
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El decano del Colegio de Abogados de Terrassa, Ignasi Puig Ventalló (Terrassa, 1957), se ha convertido en el nuevo presidente del Consell de l’Advocacia Catalana (Consejo de la Abogacía Catalana), del que forman parte los 14 colegios de abogados de esa Comunidad Autónoma (Barcelona, Sabadell, Manresa, Tarragona, Girona, Lleida, Figures, Vic, Sant Feliu de Llobregat, Mataró, Granollers, Terrasa, Reus y Tortosa) en los que están colegiados más de 40.000 abogados.

Puig Ventalló, abogado ejerciendo desde 1979, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y está especializado en Derecho Civil.

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Es decano del Colegio de Abogados de Terrassa desde el año 2014, y preside la Subcomisión de Reforma de la Ley de Acceso a la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

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Su nombramiento se produjo el último pleno celebrado por la institución, el pasado 27 de diciembre, junto con el de la nueva vicepresidenta, Encarna Orduna, decana del Colegio de Abogados de Reus.

Puig releva en la Presidencia del Consell al decano de Mataró, Julio J. Naveira, que ha ocupado ese cargo durante los últimos doce meses.

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Naveira será el nuevo responsable de la Comisión de Comunicación del Consell.

Devolver a la sociedad la confianza en la justicia

El nuevo presidente de la Abogacía Catalana, Ignasi Puig Ventalló, se ha  propuesto un reto importante : Devolver a la ciudadanía la confianza en la Justicia.

«En estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, con el problema evidente de pérdida de la confianza en la Justicia, el objetivo principal de mi mandato no puede ser otro que trabajar para que este desprestigio no acabe repercutiendo de forma directa o indirecta en el Abogacía», ha declarado.

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Desde su punto de vista «si el ciudadano tiene una percepción negativa de la Justicia, puede llegar a tener también una percepción negativa de la Abogacía».

Para evitarlo centrará los esfuerzos de su mandato en dos ámbitos: «Por un lado en el ámbito social, trabajando directamente con la ciudadanía, siendo cercanos a ella y demostrando que los profesionales de la abogacía somos una herramienta estratégica fundamental para defender y garantizar sus derechos ante los tribunales».

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Por otra parte «continuaremos trabajando con las Administraciones Públicas que tienen competencias en materia judicial para poder corregir todas las disfunciones que han provocado esta pérdida de confianza», añadió

A este respecto, puso  como ejemplo el caso de la avalancha de demandas presentadas en los juzgados especializados en cláusulas suelo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que las dejó sin efecto.

«Desde la Abogacía ya nos posicionamos desde el principio en contra del Plan del Consejo General del Poder Judicial de habilitar sólo cuatro juzgados únicos provinciales en toda Cataluña para resolver estas demandas», explicó

«Hemos impugnado el Plan, también su prórroga y hemos y alertado a las Administraciones competentes del colapso que se produciría. Pues bien, ahora que este colapso ya se ha producido, nos toca seguir trabajando para alcanzar una justicia de proximidad y estar al lado de a ciudadanía a la hora de reclamar sus derechos», ha añadido.

La independencia judicial, en entredicho

Las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, o el abuso de la judicialización de la política han mermado la confianza del ciudadano «sobre todo ante los altos tribunales y la cúpula judicial», asegura Puig Ventalló.

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Según un informe publicado por la Comisión Europea, la mitad de los españoles percibe que la independencia de los tribunales y los jueces del Estado no es buena: un 17% cree que es muy mala mientras que un 32% afirma que lo es bastante.

Esto provoca, desde su punto de vista, «que el trabajo que realizan los más de 700 jueces que ejercen en Catalunya se vea enturbiado por esta percepción», asegura el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana.

También cree que «el ciudadano debe saber que, a pesar de sentencias que provocan indignación social como la de la manada, los jueces siguen dictando día a día cientos de resoluciones que intentan ser ecuánimes y que pueden ser recurridas si son consideradas injustas»,

Es por este motivo que el nuevo presidente considera que, «ahora más que nunca la Abogacía debe acercarse a la ciudadanía y erigirse en el operador jurídico garante de sus derechos».

Derecho de Defensa y Justicia de proximidad

Por su parte, el presidente saliente, el decano de Mataró, Julio J. Naveira, manifestaba su satisfacción por los logros alcanzados durante su mandato, centrado en la defensa del derecho de defensa, tal y como se pudo constatar durante el IV Congreso de la Abogacía catalana, celebrado el pasado mes de septiembre en Tarragona.

Naveira destacaba que durante el Congreso, «no sólo aprobamos la nueva Normativa de la Abogacía Catalana, sino que también acordamos nuestras aportaciones a la más que necesaria Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una norma que impulsamos desde la Abogacía institucional”.

En cuanto a las leyes que han visto la luz durante el último año, Naveira fue uno de los principales impulsores de la reforma de la ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, presentada por el Consejo de la Abogacia Catalana y el Colegio de la Abogacía de Barcelona al gobierno español, para que los jueces puedan acordar el desalojo inmediato de pisos ocupados ilegalmente.

Para el presidente saliente, es fundamental el acercamiento de la justicia a la ciudadanía, y en este sentido ha destacado también la campaña llevada a cabo desde la Abogacía para dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad, así como su reivindicación de los juzgados de proximidad para resolver los asuntos de las cláusulas suelo o la prestación del servicio del turno de oficio “como garantía de un acceso igualitario a la justicia”.