El expresidente del Barça y empresario catalán Joan Gaspart ha declarado hoy como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona por una presunta estafa al príncipe saudí Turki Bin Nasser Bin Abdulaziz, dueño del hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, y ha defendido que no hubo engaño.
La Audiencia de Barcelona ordenó reabrir esta causa, que inicialmente se archivó en abril de 2018.
Fuentes jurídicas han explicado que Gaspart, que actualmente es vicepresidente para Asuntos Internacionales e Institucionales de la Real Federación Española de Fútbol, ha asegurado en su declaración ante el juez que Bin Nasser estaba al corriente de los impagos a la Seguridad Social por más de 15 millones de euros en el hotel Fairmont Rey Juan Carlos I cuando él lo gestionaba, y de la petición del préstamo de 1,6 millones.
Hoy también han declarado como investigados dos hijos de Gaspart, Juan y José Gaspart Bueno.
La empresa Barcelona Project’s SA, de la que es presidente el príncipe saudí Turki Bin Nasser, presentó en marzo de 2018 una querella por los presuntos delitos de estafa y ocultación dolosa de los impagos a la Seguridad Social contra Gaspart, sus hijos José y Juan, y también contra sus mercantiles Hostelería Unidas SA (HUSA) y Banquetes Reunidos SL, por los supuestos delitos de estafa y ocultación dolosa de los impagos a la Seguridad Social.
El representante legal de Barcelona Project´s es Javier Yagüe, del despacho de abogados Amparo Legal.
Barcelona Project´s es propietaria del ‘Complejo Real’ en Barcelona, que incluye el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I y el Palacio de Congresos de Cataluña. Joan Gaspart era el encargado del arrendamiento y explotación del complejo a través de su sociedad Husa.
La querella se centra en la presunta estafa “por la dolosa ocultación de los impagos a la Seguridad Social por importe de más de 15 millones de euros por parte de las sociedades Hostelería Unida SA, (HUSA) y Banquetes Reunidos SL a la sociedad Barcelona Project’s SA, empleando para ello un acuerdo de resolución de contrato donde se fijaba un precio que en modo alguno habría sido el mismo de no haber existido el engaño omisivo”.
Según recoge el texto, “los querellados ocultaron dolosamente las deudas contraídas con la Seguridad Social para, con evidente ánimo de lucrarse, pactar un precio en el acuerdo contraído con la querellada en perjuicio de esta última, acuerdo que jamás habría sido alcanzado de no haberse ocultado a mi representada la existencia de dichas deudas”.
“No obstante, HUSA y la familia GASPART, prevaliéndose de su reconocimiento social y empresarial, malbarataron por completo el Complejo buscando su propio beneficio (llegándose a apropiar importantes sumas de dinero); incumplieron todas sus obligaciones y las que existían frente a terceros; llevaron al Complejo al borde de la quiebra total”, prosigue.
Indica que “por este motivo, Barcelona Project’s SA se encuentra incursa en un Procedimiento de Derivación de Responsabilidad, en el que la Seguridad Social exige el pago de dicha deuda a la querellante”.
Por otro lado, señala que “en una actuación distinta, pero aprovechando su situación, los querellados, en una actuación desesperada por obtener dinero, a través de Don José Gaspart Bueno, con el fin de atenuar la catastrófica situación financiera de HUSA (sociedad de su propiedad y de su familia), solicitaron un préstamo con garantía hipotecaria a la entidad CAIXA GERAL, por un importe de 1.600.000 euros”.
‘SE SIRVIÓ DE UNOS PODERES’
En la querella se afirma que “para ello, Gaspart se sirvió dolosamente de unos poderes que la querellante Barcelona Project’s había otorgado a su favor en el pasado, constituyendo como inmueble de dicha garantía el “Palau de Congressos de Catalunya” (PCC), propiedad de Barcelona Project’s, sin el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de ésta”.
“Y todo ello, cuando dichos poderes se otorgaron en su momento para explotar correctamente el Complejo y nunca para favorecer a otras sociedades ajenas a Barcelona Project’s”, añade.
Asimismo, afirma que “el dinero del préstamo acabó en las cuentas de los querellados, en concreto de la sociedad HUSA y nunca aprovechó al deudor hipotecario. La cantidad de la hipoteca ha tenido que ser abonada por la querellante para evitar la ejecución hipotecaria”.
Barcelona Project’s ha señalado que “para evitar perjuicios a los empleados por esta situación, aún no siendo su responsabilidad, está asumiendo la carga económica”.
Según ha informado el representante legal de Barcelona Project´s, Javier Yagüe, para asegurar las responsabilidades civiles se solicitó como medida cautelar “la prestación de fianza por parte de la querellada de 16.637.512,30 euros, correspondientes a las deudas ocultadas ahora derivadas por la Seguridad Social, así como al importe estafado mediante la hipoteca solicitada y apropiada indebidamente. O en su caso, el embargo preventivo de bienes suficientes en la misma cuantía”.
