Administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Estos son los delitos que se imputan a estos 11 detenidos de la operación Idental, arrestados por orden del titular del Juzgado de Instrucción nº 5, José de la Mata.
Entre los detenidos figuran los dos fundadores de la empresa, uno de los cuales se encontraba en Reino Unido.
Además, durante la madrugada de este martes la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) ha realizado varios registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada, Gerona y La Coruña.
LA CANTIDAD DEFRAUDADA PODRÍA SUPERAR LOS 60 MILLONES DE EUROS
Los arrestados captaban fondos de inversores nacionales e internacionales así como de entidades de crédito con la «intención aparente» de comprar y reflotar empresas en crisis. Pero nada más lejos de la realidad.
Según la investigación su objetivo era «desviar esos fondos y destinarlos a su enriquecimiento personal» conociendo además «la inviabilidad económica de las inversiones y el perjuicio que ocasionarían a trabajadores, proveedores y clientes».
Para ello, según la instrucción, «contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito, en algunos casos, que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones».
Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y, a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, ocultaban el destino final del dinero. Se calcula que el fraude podría superar los 60 millones de euros
MAS DE MIL QUINIENTAS PIEZAS SEPARADAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
El juez instructor De la Mata ha abierto piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados, tanto individuales como en grupo, que ya suman más de 1.500.
En todas ellas figuran los presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
La Audiencia Nacional asumía en verano la instrucción del fraude iDental debido a la magnitud de los delitos y el elevado número de afectados pertenecientes a prácticamente todas las comunidades autónomas. Una de las primera medidas del juez instructor, el pasado mes de septiembre, fue el cierre de 24 clínicas en 14 comunidades autónomas dejando sólo entonces cerca de 400.000 afectados. Desde entonces, las denuncias y los registros no han parado de crecer
UNA VEZ COBRADO, NADA DE LO ACORDADO
La estructura de iDental tenía por objeto la prestación de servicios odontológicos a través de un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. Ofrecían un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades colaboradoras que les hizo ganar «fama» como clínica «low-cost».
iDental percibía el abono íntegro de sus servicios por anticipado y una vez «cobrado», según consta en las denuncias, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad y se dejaban a medias los tratamientos con los consiguientes perjuicios para los pacientes».
Es decir, se aprovechaban presuntamente de la precariedad y mala situación económica de los ciudadanos que depositaban en ellos su confianza para ofertarles tratamientos a pagar en «cómodos plazos» que posteriormente dejaban a medias o eran ejercidos por personal no cualificado.
Aunque se desconoce el número total de perjudicados, muchos con secuelas psíquicas y físicas de por vida, según de la Mata » las víctimas pueden llegar a miles o decenas de miles según los con decenas de procedimientos judiciales incoados».
