El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha recordado públicamente al nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Ignasi Puig, que no tiene sentido mandar «observadores» al juicio que próximamente se va a celebrar en el Tribunal Supremo contra 9 de los anteriores miembros del gobierno autonómico catalán, la expresidenta del parlamento de esa Comunidad, y dos líderes de asociaciones independentistas, acusados de delitos que van de la rebelión a la malversación de fondos públicos.
«La presencia de ‘observadores de la Abogacía’ en el citado juicio, que estudia el Consejo de la Abogacía Catalana, sólo tendría sentido en procedimiento opacos y arbitrarios más propios de Estados autoritarios que nada tienen que ver con el Estado español», le recuerda Alonso a su homónimo del Colegio de Terrassa, Barcelona, a través de varios mensajes de su cuenta de Twitter.
Alonso y Puig, como máximos representantes de los Colegios de Abogados de Madrid y Terrassa, forman parte del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que hasta ahora ha mantenido silencio.
Puig, que fue elegido recientemente para la Presidencia del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), corporación de derecho público que representa a los 14 colegios catalanes, en el que están colegiados 40.000 abogados, declaró el pasado viernes en una entrevista en Catalunya Radio que están estudiando la propuesta de enviar observadores al juicio por el caso “procés” que próximamente comenzará en Madrid.
Para justificar “su estudio” se escudó en que las comisiones de Derechos Humanos del CICAC se lo habían planteado.
EN DEFENSA DE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO
El decano del ICAM dice con toda claridad: «Reitero que los profesionales que han impulsado el procedimiento contra los ‘líderes del procés’, además de inamovibles y responsables, son independientes, estando sometidos, también en este caso, únicamente al imperio de la ley».
Alonso, que hace uso de su indudable ‘auctoritas’, recuerda que «el español es un Estado social y democrático de Derecho, indiscutiblemente garantista y respetuoso con los derechos humanos y en el que operan la integridad de nuestros jueces y la independencia del Poder Judicial».
RECUERDA QUE SERÁ UN JUICIO CON LA MÁXIMA PUBLICIDAD
El decano madrileño -el ICAM es el Colegio más numeroso de los 84 existentes; cuenta con 77.000 colegiados- rememora el ABC que todo abogado debe conocer y, de modo especial, el presidente del CICAC, que ha jurado su fidelidad a la Constitución por partida doble, como decano del Colegio de Abogado de Terrassa y como presidente del Consejo Catalán: «En España, el artículo 120 de la Constitución Española garantiza de manera determinante y exclusiva que ‘la actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento».
«En el citado juicio, la publicidad se materializará, como en tantos casos, con la asistencia de los medios de comunicación, actuando como intermediarios naturales entre la noticia y la generalidad de los ciudadanos», añade.
Un principio, este, de la publicidad, que también operará «para proteger a las partes de una justicia sustraída al control público y para mantener la confianza de la comundiad en los tribunales, como ha señalado el Tribunal Constitucional».
