El nuevo presidente del Consell, Ignasi Puig Ventalló, a la izquierda, y el presidente saliente, Juan José Naveira; los dos secundaron la propuesta de enviar "observadores" a Madrid para supervisar al tribunal que va a juzgar a los encausados en el juicio del procés.
El Pleno del Consejo de la Abogacía Catalana había aprobado en noviembre el envío de «observadores»
Un acuerdo posterior, de diciembre, ratificó la decisión de tener presentes, en el juicio por el caso procés, a abogados para verificar la imparcialidad e independencia del tribunal
|
31/1/2019 16:27
|
Actualizado: 31/1/2019 18:16
|
El Pleno del Consejo de la Abogacía Catalana, compuesto por los decanos de los 14 colegios de abogados de Cataluña, había aprobado, el pasado mes de noviembre, el envío de «observadores» al juicio del «procés», que en los próximos días comenzará en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los 12 procesados por los delitos rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.
Dicho acuerdo, al que ha tenido acceso Confilegal, se ha mantenido hasta hoy en secreto, a pesar de la trascendencia de esa decisión que muchos de los 40.000 colegiados, a los que representan en esa Comunidad Autónoma, no comparten.
El mencionado Pleno tuvo lugar el 19 de noviembre.
La propuesta partió de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona (que preside el letrado Robert Sabata) y se aprobó por 13 votos a 1, con «el expreso voto» en contra del decano del Colegio de Sabadell, Manuel Hernández.
El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), cuya decana es Eugenia Gay, y cuyo vicedecano es Jordi Pina Massachs, abogado de tres de los acusados, los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, secundó la propuesta.
Los exconsejeros están acusados de los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos y el tercero solo de rebelión.
La propuesta se ratificó en un segundo Pleno, el del 27 de diciembre pasado, cuya acta literalmente dice:
“En relación al acuerdo tomado por el Pleno del Consejo del mes de noviembre en relación al nombramiento de observadores por el juicio del 1 de octubre y a requerimiento de la Comisión de Derechos Humanos el Pleno manifiesta que ratifica, en los términos ya indicados en el Pleno, la decisión de acreditar tres o cuatro personas para asistir a las sesiones del juicio, y que cuando desde la Comisión de Derechos Humanos se facilite la lista de voluntarios, se indicará también la organización de la asistencia a las sesiones».
La existencia de esta decisión, que se ha mantenido secreta desde el Consejo de la Abogacía Catalana, ha sido posible gracias al requerimiento presentado ante esta corporación de derecho público por las las asociaciones de Juristas Llibertats, Abogados por la Constitución, Aixeca’t y Sociedad Civil Catalana.
Certificació Acord PLH (CERTIFICACIÓN DE LOS DOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSELL)
Tras conocer su contenido, estas cuatro asociaciones están estudienado interponer las correspondientes acciones legales contra el mismo.
EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONSELL AFIRMÓ QUE ESTABAN ESTUDIANDO ENVIAR «OBSERVADORES»
Ignasi Puig, nuevo presidente del Consells dels Illustres Collegis D’Advocats de Catalunya (CICAC), declaró, el 18 de enero pasado, en una entrevista que le hicieron en Catalunya Radio, que «estudiamos enviar observadores al juicio del 1-0».
Puig en ningún momento reveló que ya se habían tomado dos acuerdos sobre este asunto, haciendo uso de la ambigüedad en el lenguaje, un recurso muy utilizado en estos tiempos.
La fase del «estudio» había sido sobrepasada y las decisiones se habían tomado. Sólo había que decidir quién, de qué manera y quien lo iba a pagar.
Ayer el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, se mostró en contra, públicamente, del envío de «observadores» al juicio del 1-0.
«Decir que hace falta enviar observadores a este juicio es un insulto a la inteligencia. Porque es un juicio público que va a ser retransmitido por televisión y que va a ser cubierto por los medios de comunicación”, afirmó.
Y ratificó la imparcialidad y la independencia del Tribunal Supremo.
“Nuestra Justicia es independiente e imparcial. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que le corresponde enjuiciar el caso, es la más excelsa de los últimos tiempos. Si alguien quiere poner en tela de juicio a la Justicia española se equivoca. Y vuelvo a repetir que nadie está por encima de la ley“, precisó.
Y añadió “La presencia de ‘observadores de la Abogacía’ en el citado juicio, que estudia el Consejo de la Abogacía Catalana, sólo tendría sentido en procedimiento opacos y arbitrarios más propios de Estados autoritarios que nada tienen que ver con el Estado español”.
Días antes, la fiscal general del Estado, María José Segarra, declaró que dudaba «que se pueda ofrecer más transparencia: El juicio del procés se retransmitirá en directo por TV”.
UNA «PATATA CALIENTE» PARA EL CGAE
La decisión del CICAC de enviar «observadores» para supervisar y verificar que los siete magistrados que conforman el tribunal actuarán de forma independiente e imparcial pone en el disparadero al propio Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el que están representados los decanos catalanes firmantes de esa decisión.
La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, debería ahora actuar tomando una posición clara: o apoyando la decisión del CICAC y de sus «observadores» o condenandola.
El silencio sólo es una opción a un alto costo de prestigio personal y profesional.
El Consell, «en su defensa», para justificar públicamente el acuerdo, afirma haber actuado sólo para vehicular la solicitud realizada por abogados de diferentes colegios, que han mostrado su interés para asistir al juicio, según publica La Vanguardia, citando a Puig.
“Lo que queremos asegurar es la máxima transparencia de este juicio, y para asegurar esta máxima transparencia de este juicio, es decir, buscar esta transparencia, entendemos que la abogacía catalana tiene que estar presente, porque las personas acusadas son catalanas, y que los abogados que intervienen en defensa de estas personas son catalanes”, ha argumentado el presidente del CICAC.
Puig ha afirmado también que en que en ningún momento cuestionan la independencia de «la justicia española», y ha resaltado que “no es una decisión política de la abogacía catalana, es una decisión de defensa del estado de derecho y de defensa de la defensa”.
Los 14 colegios que forman parte del CICAC también están representados en el Consejo General de la Abogacía Española, donde tienen asiento los 84 decanos de todos los colegios de abogados de España.
Noticias Relacionadas:
