El juicio por el caso del espionaje político en Madrid arranca hoy en la Audiencia Provincial de Madrid sin acusación fiscal y con un calendario en el que está previsto la testifical de los exaltos cargos del Gobierno regional Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Salvador Victoria.
La vista oral del caso, cuya instrucción se remonta a enero de 2009 y que fue archivada en instrucción tres veces, celebra su primera sesión con la selección de los miembros del jurado popular que enjuiciaran los hechos objeto de la acusación por un delito de malversación de caudales públicos.
Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la exdiputada regional Carmen Méndez González.
La acusación popular la ejerce el PSOE de Madrid, que solicita penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.
La Fiscalía de Madrid solicita la absolución de los seis acusados al considerar que no existe ninguna infracción penal en los supuestos seguimientos a distintos políticos de la Comunidad de Madrid.
En cambio, las acciones particulares acusan al director de Seguridad en la época de Aguirre, Sergio Gamón, y a otros cinco personas, entre ellas tres guardias civiles.
En el banquillo de los acusados se sentarán el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. También lo hará el ‘número dos’ de Gamón, Miguel Castaño Grande.
Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008.
En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.
Los seguimientos se habrían realizado en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008.
Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como adversarios de Esperanza Aguirre.
AGUIRRE, GONZÁLEZ Y GRANADOS
Las testificales arrancarán el próximo 8 de febrero con las comparecencias solicitadas por la Fiscalía de Cobo, Prada, Francisco Mercado, Ignacio Palacios y tres agentes de la Policía Nacional.
Además, comparecerá Francisco Granados.
Granados, exsecretario general del PP de Madrid, ya compareció en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.
El próximo 11 de febrero será el turno de Ignacio González; Esperanza Aguirre; Yolanda Laviana Fernández; Marcos Peña Fernández; y Mar Pérez Merino.
Las testificales seguirán un día después con Francisco Mercado Merino, José Manuel Romero, José Luis Olivera Serrano y un agente de la Policía Nacional.
El día 13 de febrero testificarán Jaime Barrado González, Enrique Barón Castaño, Salvador Victoria, Agustín Carretero Sánchez y Marcos Peña Díaz.
En la comisión de investigación, Antonio Coronado Martínez aseguró que el expresidente regional había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos expresidentes de la Comunidad.
SIN ACUSACIÓN FISCAL
Para el fiscal del caso, no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado «intencionadamente» ninguna actuación que no formase parte de las funciones públicas que les estaban encomendadas y, «consiguientemente, no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid».
Además, señala que se han aportado al procedimiento documentos donde constan «supuestos» partes de seguimiento, que no han sido obtenidos de expedientes administrativos, «sino que han sido aportados al proceso por el periodista, sin que tales partes respondan a seguimientos reales realizados, pudiendo haber sido elaborados con un interés espurio por la persona que los entregó al citado periodista».
También recuerda que tres de los acusados (José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado) tenían dentro del desempeño de las funciones como asesores de seguridad la de controlar numerosos edificios públicos donde se ubicaban las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, y otros organismos y sedes oficiales «lugares donde solían acudir las personas a las que supuestamente se realizaban los seguimientos».
Por último, agrega que «los posicionamientos de los teléfonos de los acusados obtenidos a través de las antenas BTS de Telefonica no permiten determinar de forma precisa y exacta la posición física real de los teléfonos móviles, dado que, debido a la saturación, en ocasiones la señal de los teléfonos se redirige a otras antenas más alejadas de su ubicación real». EP-.
