La magistrada de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona Carme Guil Roman ha estimado el recurso presentado por los querellantes del llamado ‘caso Pegasus‘ , para que se practiquen las diligencias que denegaron la Fiscalía y el juzgado de instrucción 20 de Barcelona, donde se instruye el procedimiento.
Los recurrentes, que son el presidente del Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Josep Maria Jové, y Diana Riba i Giner, representante de ERC en el Parlamento Europeo (ambos afectados por el ‘malware’ espía), argumentan que «el uso de tecnologías de espionaje informático para espiar a políticos» es lo suficientemente grave para continuar la investigación, cuya denegación califican de «bloqueo» con una «resolución inmotivada». El programa también atacó los dispositivos del expresidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent y el presidente del Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall.
En este sentido, apuntan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como contratante del programa espía Pegasus, producido y vendido por la empresa cibernética israelí NSO Group. Proponen que la investigación debe apuntar a averiguar si el CNI es el cliente español de NSO y responsable de la infección del teléfono, por lo que se le pedirá «información (…) sobre la compra de este software y su utilización».
Para ello, piden que se cite a declarar a un representante de NSO como investigado y a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, como testigo para determinar si el software se utilizó «conforme a la legalidad vigente, con los límites legales y con autorización judicial», en cuyo caso «este uso no sería ilícito». El CNI había admitido el espionaje a una veintena de dirigentes independentistas, incluyendo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, luego de que un informe de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto. Aragonès presentó una querella, ahora en manos de la Audiencia Nacional, contra la empresa israelí y la exdirectora del CNI, Paz Esteban.
La negativa del juzgado de instrucción a estas diligencias se debía a que la instructora calificó algunos de estos procedimientos como «inútiles», como recuerda el auto al que tuvo acceso Confilegal. También había descartado imputar a NSO Group, algo que ha aceptado hacer la Audiencia de Barcelona, además de reclamarle a la empresa documentación relevante para el caso.
