Manuel Marchena, presidente del tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo que juzgará a los 12 procesados por el caso «procés», ha rechazado reunirse con los representantes de la llamada plataforma de observadores «Trial Watch-Catalan Referéndum Case (ITW)», en una decisión muy consecuente y lógica, en línea con la que hubiera tomado cualquier otro magistrado en Europa en las mismas circunstancias.
ITW quería entrevistarse con Marchena, al parecer, para reiterarle personalmente «su independencia y autonomía institucional, política y económica respecto de todo organismo» y asegurar que no tienen relación con las peticiones de algunas de las partes procesales.
Ya, pero es que detrás de ITW están seis asociaciones catalanas en la órbita del independentismo, o muy cercanas a él: la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Collectiu Praga, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Novact y el OSPDH.
«Dime de qué presumes y te diré de qué careces», dice el refrán.
El tribunal, formado por siete magistrados, rechazó su presencia, y la otros muchos observadores, mediante un auto dictado el 1 de febrero pasado.
Con una lógica contundente en dicho auto se explica que el juicio será televisado en directo y mediante «streaming» a través de la web del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es) y de los medios de comunicación -nacionales e internacionales- acreditados ante la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo.
Dicho de otra manera, los «observadores» podrán ver el juicio desde cualquier parte del mundo en el que se encuentren, Pekín, Moscú, Londres, Chicago, Sao Paulo, Kuala Lumpur, Sydney, Johanesburgo, París, Berlín o Madrid.
Lo único que necesitan es un ordenador, una tableta o un «smart phone». Un recurso al alcance de cualquiera.
¿Para qué querían la reunión, entonces? Es evidente. No hay que explicar más.
Mayor transparencia no van a encontrar en ningún tribunal del mundo. Bueno sí, en la Corte Suprema del Reino Unido, que hace lo mismo.
