Son apenas 300, pero forman parte de un colectivo que maneja información muy sensible de seguridad nacional, tanto para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que luchan contra las mafias del narcotráfico, del tráfico de armas, de la inmigración ilegal y de los terroristas.
Precisamente por la naturaleza de ese trabajo, que requiere la máxima confidencialidad, no han salido a la calle para manifestarse, como han hecho otros colectivos. Pero por ello no renuncian a plantear sus reivindicaciones salariales, ahora que se está negociando el 4º Convenio Laboral que los regula.
Denuncian que están enmarcados en un grupo profesional por debajo del resto de los compañeros del colectivo.
«Muchos no llegan a los 1.000 euros de salario», afirman.
Sufren, aseguran, una gran discriminación laboral desde hace más de 30 años porque están encuadrados en el grupo profesional 3, «inferior al resto del colectivo a pesar de realizar una labor de gran responsabilidad».
Todos ellos son empleados públicos y realizan tareas de interpretación y traducción, cada día, sin hacer ruido.
«Un trabajo de enorme responsabilidad para la seguridad del Estado y la protección de los derechos fundamentales de las personas, teniendo acceso a documentación e información sensible y confidencial», relatan. Y piden justicia y reconocimiento.
