La cantante declarará el 12 de junio a petición de la Fiscalía, que investiga el uso de sociedades en paraísos fiscales.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 deEsplugues de Llobregat, Barcelona, María Luz Barreiro Calleja, ha admitido a trámite la querella criminal que interpuso la Fiscalía de Barcelona contra la cantante colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll, Shakira.
La Fiscalía acusa a Shakira de un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio al ocultar su residencia fiscal a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Por ello, el Ministerio Público solicitó que fuera citada como investigada por 6 delitos contra Hacienda.
La querella apunta a que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,4 millones por IRPF y de 2,19 millones por el impuesto del patrimonio.
Según la querella, la artista “con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario” para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios.
La querella de la Fiscalía se dirige contra la cantante y su asesor fiscal en Estados Unidos, Ezequiel A. Camerini, que dirigió varias de la compañías propiedad de la cantante, y apunta a que por el momento «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el «mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.
Según el Ministerio Público, la cantante «canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional»
De acuerdo con la Fiscalía, la artista urdió un «plan» para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación a la cantante, ésta «no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio«, alegando como motivo que no residía en España.
