Es el año 991 y estamos en la costa de Essex. Hace un frío que pela y, tras la batalla de Maldon, el rey Etelredo II de Inglaterra toma una decisión que le perseguirá durante mil años.
Y es que, en lugar de seguir combatiendo a la flota vikinga que acababa de derrotar a sus huestes, el monarca decide pagarles diez mil libras de plata para que se piren por donde habían llegado.
Según las crónicas, la decisión se debió al consejo del arzobispo Sigerico, hombre pío y, según parece, de aritmética muy optimista.
De esos del Templo de la Concordia, ya me entienden.
Pero los ingleses, con esa ironía suya que no perdona, bautizaron al monarca como ‘Æthelred the Unready’, que no significa “el indeciso”, como suele traducirse, sino algo más explícito.
Del anglosajón ‘unræd’, que sería algo así como “el mal aconsejado”.
Porque el danés es, por naturaleza, cariñoso y, claro está, volvió por más.
Volvió, concretamente, por dieciséis mil pavos, luego por veinticuatro mil, después por treinta y seis mil y, aún, por cuarenta y ocho mil.
Tanto fue así que el tributo acabó teniendo nombre propio, el ‘Danegeld’, y hasta la condición de impuesto extraordinario sobre la tierra.
Y como todo pago extraordinario, acabó siendo permanente.
Nada menos que Kipling, que entendía Inglaterra como pocos, dedicó al episodio un bonito poema, incluido en los manuales escolares de historia, cuya moraleja han aprendido generaciones enteras de niños ingleses.
La nación que paga el ‘Danegeld’ no se libra jamás del danés.
El poema se recitaba en las aulas con esa mezcla de orgullo y escarmiento con que los pueblos serios administran sus viejas humillaciones, por aquello de no repetir errores.
Pues bien, once siglos después de Maldon, parece ser que los daneses han vuelto a remontar el Támesis para fastidiar al inglés.
Solo que esta vez no vienen a cobrar tributo, sino a recuperar lo que les quitaron.
Y es que la Hacienda danesa, la ‘Skatteforvaltningen’, o SKAT para los amiguetes, lleva desde 2018 litigando en Londres una de las mayores reclamaciones de la historia judicial inglesa.
Pues, efectivamente, el pasado 1 de julio de 2026, el Tribunal Supremo del Reino Unido, en Skatteforvaltningen v MCML Ltd [2026] UKSC 19, ha resuelto uno de los nudos gordianos más interesantes del derecho de Inglaterra y Gales.
Ya verán, ya.
UN FRAUDE DE MANUAL Y UNA REGLA VICTORIANA
Resulta que Dinamarca, como España, practica una retención sobre los dividendos que reparten sus sociedades cotizadas, en particular del 27%.
Y como España, permite que determinados inversores extranjeros exentos, singularmente fondos de pensiones, soliciten la devolución de lo retenido.
Bueno, pues entre 2012 y 2015, el SKAT pagó unos 12.700 millones de coronas danesas, algo por encima de 1.700 millones de euros, en devoluciones que, según sostiene, respondían a solicitudes fraudulentas.
Y es que, según parece, los peticionarios jamás fueron titulares de las acciones ni percibieron dividendo alguno y, por tanto, reclamaban la devolución de una retención que nunca soportaron.
Es la variante danesa del célebre escándalo “cum-ex” que ha sacudido media Europa, y cuyo protagonista más notorio, el financiero Sanjay Shah, de Solo Capital Partners, fue condenado en Copenhague a finales de 2024.
Ojo, porque la terminología también tiene su aquel, ya que viene del latín.
Las acciones se negocian “cum” dividendo (con el dividendo) y se entregan “ex” dividendo, ya cortado.
Y en ese tránsito que va entre el “con” y el “ sin”, hábilmente explotado, dos titulares de una misma acción cotizada acababan reclamando cada uno la devolución de una retención que sólo se practicó una vez
Total que, detectando tanto listo en Inglaterra y Gales, en 2018, el SKAT se decidió a reclamar a más de un centenar de demandados ante la ‘High Court‘ de Londres.
Contra la mayoría alegó que habían actuado mediante engaño doloso (‘deceit’), esto es, con muchas ganas de defraudar a la hacienda danesa.
Pero contra uno de ellos, la casa de valores londinense ED&F Man Capital Markets Ltd, la imputación fue más templada y se basó en negligencia profesional.
Según se dice en la demanda, esta firma británica no habría urdido el fraude, pero habría emitido, por descuido, unos 420 certificados con los que acreditaba que determinados clientes eran titulares de acciones danesas y que habían soportado la retención.
Con esos papeles bajo el brazo, los clientes pidieron y cobraron las devoluciones.
Bueno, pues así están las cosas.
Pero antes de entrar en el fondo de la reclamación, los demandados se pusieron como gato panza arriba y prepararon una defensa procesal tan vieja como elegante.
Estamos hablando de la ‘revenue rule’, la regla 3 de Dicey, Morris & Collins, consagrada por la Cámara de los Lores en el caso Government of India v Taylor en 1955.
Todo un clásico, no me lo negarán.
Según esta regla de cuándo los caballeros habrían las puertas a las damas, los tribunales ingleses no están para ejecutar, ni directa ni indirectamente, las pretensiones tributarias de Estados extranjeros.
La soberanía fiscal, como nos dice esta sentencia de mediados del siglo pasado, se detiene en la frontera y no puede traspasarse de un lado al otro del mapa.
Al lector español, seguramente criado en la asistencia mutua entre los países de la UE, esta norma le parecerá poco más que una pieza de museo.
Pero oigan, esto es tierra de la ‘common law’ de toda la vida, y aún más tras el Brexit, con estas antiguas leyes recuperando bastante protagonismo.
La cuestión, sesuda como pocas, se ventiló como incidente previo con suerte cambiante.
VÍA CRUCIS PROCESAL ANTE LOS TRIBUNALES INGLESES
El juez Andrew Baker, en una decisión de la ‘High Court’ de 2021, desestimó todas las demandas de un plumazo.
Su sustancia, dijo, era recuperar impuestos daneses, terreno vedado según la más auténtica tradición británica, por lo que les devolvió a su tierra natal sin un céntimo, aunque desconocemos si lo hicieron en ‘drakkar’.
Pero la cosa no acabó ahí, ni mucho menos.
Porque los del SKAT, que de tontos tienen poco, recurrieron ante la ‘Court of Appeal‘.
Y en 2022 el tribunal de apelación matizó el asunto con una de esas distinciones que hacen afición futbolera.
Una cosa, vino a decir, es recaudar impuestos daneses, terreno vedado según el buen derecho inglés, según lo visto.
Pero otra, y muy distinta, es reclamar el dinero que a uno le han sacado de la caja mediante martingalas.
Los que defraudaron a Copenhague sencillamente metieron la mano y se llevaron lo que no era suyo.
De modo que, en las demandas por conducta dolosa, el SKAT no litigaba como Hacienda con ínfulas extraterritoriales, sino como cualquier hijo de vecino al que le han vaciado la cartera.
La humildad con la que uno debe afrontar los pleitos ante jurisdicciones ajenas, por muy Estado que se sea.
Y a esa puerta, la ‘revenue rule’ no tenía nada que decir.
El Tribunal Supremo confirmó todo esto en el año 2023, de la mano de Lord Lloyd-Jones, quien, en el caso planteado, sentenció que no había impuesto impagado que ejecutar sino engaño que reclamar.
Hasta aquí, todo viento en popa para el fisco danés, que ya brindaba cuerno en mano.
Salvo por un detalle incómodo.
Aquella tabla de salvación se había echado únicamente a las demandas por dolo.
Pero ¿qué pasaba con la reclamación contra ED&F Man, fundada en la mera negligencia?
Pues que se había quedado en el camino, firme y bien firme desde la desestimación de 2021.
Y es aquí donde el pleito se pone verdaderamente picantón.
Porque alguien del SKAT leyó la doctrina, se rascó la barbilla y sacó una conclusión.
Si la puerta de Londres se abre de par en par al fraude y se cierra a cal y canto a la negligencia, pues aleguemos que fue por fraude y santas pascuas.
Dicho y hecho.
En 2022, la Hacienda danesa volvió en drakkar y presentó una nueva demanda contra la misma firma inglesa.
Pero esta vez, sosteniendo que aquellos mismos certificados no habían sido emitidos descuidadamente, sino confeccionados fraudulentamente.
Es decir, con muy mala voluntad y, seguro, con los ojos medio cerrados.
A los de ED&F Man, como comprenderán, no les hizo mucha gracia la jugada.
Y opusieron, raudos, una defensa demoledora.
Esto ya está juzgado, señoría.
Pidieron por ello el archivo inmediato del asunto, el ‘strike out’, que decimos por aquí.
Invocando una vieja y sutilísima doctrina del ‘common law‘.
El ‘issue estoppel’.
Y en este preciso punto es donde arranca la verdadera batalla jurídica de esta historia.
Una que enfrentará a tres tribunales sucesivos, dividirá a los jueces ingleses y trepará, como no, hasta la mismísima cúspide de Parliament Square.
Pero eso, si me lo permiten, lo dejamos para la próxima entrega.
Hasta la semana que viene, mis queridos anglófilos.
