La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido hoy en el juicio por el ‘procés’ que después de que el Tribunal Constitucional anulara el decreto de convocatoria del 1-O se reunió con el expresidente catalán Carles Puigdemont y que ambos entendieron que esa suspensión se limitaba a los «efectos jurídicos» de los resultados de la consulta o al «derecho político» a celebrarla.
La regidora ha explicado que en aquella reunión con Puigdemont ambos estuvieron de acuerdo en «dar apoyo político» a la convocatoria de referéndum y en «no poner en riesgo penal a ningún funcionario».
«Queríamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad para que se pudiera votar con normalidad. Entendíamos que la suspensión como tal era en sus efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos», ha señalado.
Y ha añadido que si lo que se está juzgando es la celebración del referéndum, también deberían estar sentadas en el banquillo de los acusados «millones de personas».
Para Colau, la jornada de votación fue un ejemplo de «movilización pacífica, pero para defender derechos fundamentales». Un acto «que no fue de ningún partido político, fue de la gente, de millones de personas auto organizadas», ha agregado.
Colau ha comparecido como testigo a petición de VOX, que ejerce la acusación popular. Al inicio de su declaración ha mostrado su «incomodidad profunda» por tener que responder a «un grupo de extrema derecha».
DICE QUE EL 1-O EXIGIÓ A MILLO QUE PARARAN LAS CARGAS POLICIALES
Ha manifestado que la jornada del 1-O se vio «alterada» por las cargas policiales en los colegios y, por ello, ese día, además de «ciudadana», tuvo que actuar como alcaldesa cuando llamó al entonces delegado del Gobierno, Enric Millo, para «exigir que pararan».
Y ha pedido que se aclare quién dio la orden de iniciar esas cargas porque, en su opinión, «no se pueden producir por iniciativa espontánea», sino que considera que tuvo que haber «una instrucción política y la ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad».
AFIRMA QUE EL 20-S HABÍA SENSACIÓN DE ‘ESTADO DE EXCEPCIÓN’
Del 20 de septiembre de 2017 ha afirmado que había sensación de estar bajo un «estado de excepción».
Ha calificado de «excepcional» la situación que se produjo aquel día a raíz de los registros por orden judicial en diferentes sedes de la Generalitat, a los que se ha referido como «escándalo democrático» y por «motivos políticos».
Ha contado que no estuvo en la concentración frente a la Consejería de Economía, pero que fue informada puntualmente de lo que sucedía por miembros de su equipo de Gobierno y se ha referido en varias ocasiones a la movilización como «pacífica» y de respaldo ciudadano masivo.
Y ha añadido que los servicios municipales que participaron -de cuya actuación se dio cuenta al tribunal mediante un informe- no apreciaron daños materiales y únicamente tuvieron que poner más vallas «para garantizar la movilización pacífica».
Durante la declaración también ha comentado que considera al líder de Ómnium, Jordi Cuixart «una persona muy querida» en Barcelona, «pacífica, de consensos y dialogante», y que se le «parte el alma» al verle en prisión provisional y sentado en el banquillo de los acusados.
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