El exalcalde de Cobeña (Madrid), Eugenio González Moya (IU); el exconcejal Carlos Laureano Herrero Cano y el exjefe del Cuerpo de la Policía Local, Sergio Caparroz Sotillo, serán juzgados el próximo lunes por un presunto delito de coacciones contra varios policías locales que denunciaron que no se tramitaban y se retiraban multas de aparcamiento.
El caso lo juzgará el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio a arrancará a las 10 de la mañana.
La Fiscalía pide 2,6 años de prisión para los tres acusados, y, además, les imputa un presunto delito de prevaricación por el que reclama ocho años y seis meses de inhabilitación, y les exige una indemnización para los agentes afectados de alrededor de 13.300 euros.
Según el escrito de acusación, el 29 de julio de 2010 un agente de la Policía Local formuló una denuncia contra el conductor de un vehículo que se hallaba estacionado «inadecuadamente» en una calle de Cobeña.
Los dos días siguientes, el mismo agente formuló otras cuatro denuncias por idénticos motivos y siguiendo el protocolo guardó las fotografías de los vehículos denunciados en el ordenador y dejó en el parte de servicio los boletines cumplimentados a fin de que el Jefe de Policía Local diera trámite a dichas denuncias y las remitiera a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.
Caparroz, en su condición de Jefe de la Policía Local, «en connivencia con los otro dos acusados», omitió dar trámite a las denuncias y emitió una orden el 5 de agosto en la que se permitía aparcar en las calles antes prohibidas porque se iban a realiza una serie de obras en el pueblo, de acuerdo al escrito de acusación.
Indica que a su vez, el exconcejal remitió una carta a los conductores sancionados en la que se les comunicaba que su denuncia había sido retirada. Días más tarde el propio Caparroz comunicó a dos agentes que tras mantener una conversación con Herrero habían llegado a la conclusión de quitarles un anticipo de 300 euros.
El escrito señala que incluso en tono irónico les comentó que debían dar las gracias de ello al agente que había presentado las cinco denuncias por estacionamiento inadecuado a finales de julio.
Relata que ya en el mes de septiembre se celebró una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento durante la cual los acusados «con el ánimo de amedrentar a los agentes» les manifestaron su intención de abrir expedientes a todos aquellos agentes que denunciaran la retirada de denuncias administrativas.
El escrito especifica que Herero telefoneó a varias agentes en distintas ocasiones con un tono «elevado» de voz y expresiones verbales «excesivamente» imperativas con el ánimo de amedrentarles.
Como consecuencia de estos hechos un agente sufrió insomnio y estrés laboral mientras que otro padeció un trastorno adaptativo con sintomatología de ansiedad reactiva a conflicto laboral.
