La Asociación de Fiscales (AF) denuncia que el proyecto de nuevo reglamento de la carrera fiscal, que asegura el puesto de la fiscal general del Estado, María José Segarra, como fiscal de Sala del Tribunal Supremo -una vez que deje de serlo-, es un paso atrás en el proceso reivindicativo de autonomía funcional y presupuestaria que todas las asociaciones han llevado a cabo a lo largo de los últimos años.
Mantiene, de facto, el control actual del Ministerio de Justicia, del que se depende.
«El Proyecto renuncia, incomprensiblemente, a la consecución de la reivindicada autonomía funcional, presupuestaria y reglamentaria de la FGE; mantiene la dependencia de la Institución del Ministerio de Justicia, tanto en materia de formación como en materia de concursos y de nombramientos, entre otros», afirma la AF.
«Renuncia, así mismo, a regular materias necesitadas de desarrollo reglamentario pero, en cambio, regula otras de forma contraria a nuestro Estatuto Orgánico e invade, en ocasiones, competencias propias reservadas a la ley; en el colmo del despropósito mantiene en parte el obsoleto articulado del antiguo Reglamento de 1969», añade.
UN TEXTO DEFICIENTE
Para la Asociación de Fiscales, que cuenta con 5 representantes en el Consejo Fiscal (la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecen la fiscal general del Estado y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, 4), el proyecto de reglamento de la carrera fiscal es un texto deficiente, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico.
Por «su falta de rigor no debiera haber visto la luz y menos aún de forma tan precipitada y de espaldas a aquellos a quienes va dirigido en su labor diaria», señalan.
«Es evidente la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal adaptado a las necesidades actuales de la carrera y que al mismo tiempo se proceda a su desarrollo reglamentario».
«Desconocemos las razones de la presurosa publicación de este Proyecto, pero desde luego, no nos equivocamos si decimos que no atiende a las necesidades de la carrera ni responde a un afán de mejorar la regulación de los fiscales», concluyen.
