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La disolución de las Cortes impide que el Real Decreto Ley del Estatuto del Artista se tramite como proyecto de ley

Gran expectación en la sede corporativa de AISGE para debatir sobre el Estatuto de los Artistas y su futuro.
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Intenso debate organizado por la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE) sobre el mundo de la cultura y el Estatuto del Artista.

Una medida aprobada por el Gobierno por Real Decreto Ley, pero que no llegará a tiempo para convalidarse por la disolución de las cámaras.

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Eso implica que habrá que empezar de nuevo con la tramitación parlamentaria y con la incertidumbre si se logrará el consenso necesario para gestionar esta iniciativa.

El Real Decreto Ley de diciembre establecía que el Gobierno debía aprobar un reglamento para regular la compatibilidad de los creadores jubilados en el plazo de seis meses, que se agota en junio.

El Ministerio de Empleo era el responsable de esta ampliación, pero el proyecto de articulado no ha sido entregado y, con el anuncio del anticipo electoral, podría quedar congelado y pendiente de desarrollo por el nuevo Ejecutivo.

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Según fuentes cercanas a la negociación, Hacienda ha puesto reparos al articulado.

Profesionales como Ignacio Martín, director jurídico de Unión de Actores, Patricia Gabeiras, socia directora de Gabeiras y Asociados, Jesús Cimarro, director teatral y hombre vinculado a la Academia de Artes Escénica y Manuel Rico, presidente de la Academia de Escritores y de la plataforma Seguir Creando, que lucha porque se compagine las pensiones con los derechos de autor, llegaron a un acuerdo en que hay que poner el sector de la cultura en el centro, declararlo como estratégico y crear nuevas estructura.

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En este contexto, Gabeiras resalto que “el sector de la cultura no quiere privilegios. Se trata de tener un régimen ordinario laboral adaptado a la prestación. El Real Decreto Ley que impulsa esta iniciativa no es suficiente. De las 75 medidas que contempla, la mayor parte 72 se han quedado sin desarrollar”.

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Para Cimarro esta normativa aprobada es solo un parche que no ayudará a mejorar la situación del sector de la cultura.

Este empresario teatral reconoció la necesidad de crear un Registro de actividades para saber realmente a que estamos llamando cultura y que tipo de actividades se engloban en este concepto.

“Luego habrá que regular la relación laboral existente, su fiscalidad y definir el ámbito del Estatuto del Artista. Es necesario llegar a un Pacto de Estado por la Cultura”.

Por su parte Manuel Rico, recordó la problemática de muchos escritores que han tenido que pagar sanciones porque sus derechos de autor que han percibido estaban por el Salario Mínimo Profesional.

“Tras una sentencia importante que condenaba a la Seguridad Social a devolver al escritor 76.000 euros que entrego por multa, estamos esperando a lo que nos dijo el ministro. Que se haga un desarrollo reglamentario del articulo 213 de la Ley general de la Seguridad Social para solucionar esta cuestión”, dijo.

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Destacaba que los derechos de autor como rendimientos de propiedad intelectual deben ser equiparables a las rentas inmobiliarias o rentas derivadas de activos financieros.

De izquierda a derecha, Manuel Rico, de Seguir Creando, Jesús Cimarro de la Academia de artes Escénicas, Abel Garcia de AISGE, moderador, Patricia Gabeiras abogada de Gabeiras & Asociados, y Miguel Martin de la Unión de Actores.

ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Curiosamente el pasado jueves por la mañana, la industria cultural mantenía una reunión en Moncloa con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de Cultura y Deporte, José Guirao.

Allí se volvió a pedir compromiso al Ejecutivo y se ofrecieron datos de un sector que supone el 3,3% del PIB —si se suman las actividades vinculadas a la propiedad intelectual—.

Se habló también de la importancia de la “industria cultural” y de que es tan necesaria como el genio creativo: actualmente, los datos oficiales muestran que el 60% de las empresas culturales son simplemente una persona física  y  el 93,3% oscila entre ninguno y cinco asalariados.

Los ponentes subrayaron en que la propiedad intelectual sea compatible con el pago de una pensión.

Destacaron que el próximo Estatuto del Artista debería definir bien este marco de actuación así como establecer algunas deducciones fiscales que ahora no tienen los artistas como en los cursos de formación que realizan, los gastos de las herramientas que adquieren e incluso los propios gastos de contar con un agente literario, que ahora no desgrava nada.

Para Mabel Klimt, socia del despacho de abogados Elzaburu y presidenta de DENAE,“el momento que se vive es histórico a este nivel. Histórico, porque el informe de la subcomisión se ha aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso, de lo que resulta que todos los partidos tienen preocupación por mejorar el marco normativo de los artistas”.

“Histórico, porque esa preocupación está vinculada, estoy convencida, a un deseo real y común de dotar a las industrias culturales, cuanto menos, de un marco legal claro y estable. Y si ese objetivo se consigue, las industrias culturales necesariamente potenciarán, todavía más si cabe, todas sus posibilidades y todo el talento que poseen sus profesionales”.

Klimt revela “el impresionante salto cualitativo que han tenido y siguen teniendo las producciones audiovisuales y el atractivo que España posee para los rodajes internacionales a la luz de la incorporación de incentivos fiscales específicos que, sin ser los más competitivos de Europa, son realmente interesantes porque se combinan con una red empresarial que sabe estar a la altura y un capital profesional de excepción. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Te diría casi, que se “debe” mejorar. Pero construyendo sobre terreno sólido, con una normativa clara y organizada”.

En el tema de la fiscalidad, el propio Cimarro destacó que sería necesario que se adaptase la misma a la actividad de estos profesionales, muy temporal en los cobros que reciben por su trabajo.

“Hay que hacer un cambio a nivel de fiscalidad, el IVA se bajo para los artistas pero todavía las sociedades limitadas soportan el 21% estamos ante un tejido empresarial débil que necesita de estas mejoras para consolidarse”, apuntó.

Para Gabeiras “a pesar de que en el Preámbulo de la Constitución se habla que se impulsará el desarrollo económico, social y cultural del país, no estamos viendo medidas que fomenten nuestra cultura cuando se han rescatado los bancos con 107.000 millones de euros que sabemos no van a devolver. Hay que fomentar la cultura y proteger los derechos fundamentales del creador”, concretó.

E insistió en que los régimenes laborales y autónomos de los artistas fueran claros y menos burocratizados.

UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA

Por su parte el director jurídico de la Unión de Actores recordó que “hay que explicarle bien a los poderes públicos la importancia de la cultura como actividad estratégica. Y que estamos ante una actividad laboral intermitente, donde es importante definir qué es realmente el papel de los artistas y diferenciarlo de otras actividades”. Se mostró partidario de un Pacto de Estado por la Justicia, donde el Estatuto del Artista es uno de los ejes pero no el único.

A juicio de  Klimt, asistente y coorganizadora del debate de las intervenciones de los ponentes destaca tres cosas :” – Primero, que se debe abordar la generalidad y la singularidad. Porque un actor y un escritor tienen necesidades diferentes que deben estar recogida en la normativa, pero seguro que ambos tienen necesidades de base comunes, que además comparten con los músicos y los pintoress”.

En segundo lugar, “tenemos un gran trabajo de campo que realizar en el que la Administración tiene que involucrarse: decía Abel Martín que había que empezar siquiera por plantearse que era un artista. Jesús Cimarro completó, y suscribo al 100%, la necesidad de censar. ¿Cuántos personas (cuantas familias) hay afectadas por esta situación? ¿están todas en las mismas circunstancias?”.

Y tercero, la imperativa necesidad de orden y coordinación.

“Porque aunque sería estupendo contar con un texto ordenado y organizado que sólo y únicamente regulara la actividad creadora, la realidad es que esta temática aborda a un grupo muy amplio de normativa, desde leyes orgánicas, leyes, reglamentos generales, normativas autonómicas e incluso convenios colectivos aplicables, que tienen que analizarse uno a uno, caso por caso, para que el resultado final sea coherente y practicable”, concluyó.