El magistrado instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado en calidad de testigos al asesor financiero de la familia Pujol, Joan Anton Sánchez Carreté, al exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, y al empresario Alberto Freixa.
Los tres están llamados en relación con una supuesta comisión ilegal de algo más de ocho millones y medio de pesetas (más de 51.000 euros) que habría ido a parar a una de las cuentas bancarias en Andorra de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga el origen presuntamente ilícito de la fortuna de los Pujol, ha citado el próximo 1 de abril, a partir de las diez de la mañana, a Freixa, al que seguirán Prenafeta y Sánchez Carreté, según consta en un auto de este martes.
Según argumenta el magistrado en su resolución, en una cuenta de Andbank abierta por los Pujol en noviembre de 1990 se llegaron a ingresar más de 1.300 millones de pesetas (7,8 millones de euros), más de dos millones de dólares (1,78 millones de euros) y más de siete millones de marcos alemanes «bajo conceptos transferencias e ingresos en efectivo» en el periodo en que estuvo abierta, hasta diciembre de 1994.
Fruto de las transferencias abonadas por terceros, el juez enumera siete de ellas cuyo origen no ha podido ser identificado por Andbank, entre las que destaca un ingreso del 1 de agosto de 1991 de 8.532.409 pesetas (51.280 euros), lo cual ha sido «vinculado con una comisión ilícita derivada de la venta de la sede social» del Consorcio General de Leasing (CNL) de la Generalitat, que había tenido lugar apenas unos días antes.
«El día 29 de septiembre de 1991 se emitió un cheque por importe de 9.365.000 pesetas (56.284 euros) que fue cobrado por la sociedad Catalana de Mitjans i Edició, vinculada a Sánchez Carreté!.
«La diferencia entre la cantidad que figura en el cheque y la que finalmente llegó a la cuenta vinculada con Jordi Pujol Ferrusola podría haberse correspondido con pago de comisiones de intermediación a Catalana de Mitjans y Edició», explica De la Mata.
Según el juez, el origen de esta comisión reside en la venta de la sede social del CNL, operación en la que se pagó una comisión de 252.000 pesetas (1.500 euros) a la sociedad instrumental e inoperante ACIE S.A., vinculada a Javier de la Rosa.
De dicha cantidad se entregaron 210.000 pesetas (1.262 euros) a Coterma, empresa controlada por Lluís Prenafeta. Destaca De la Mata en su auto que éste «ya ha reconocido pagos asociados a corrupción política»; no en vano ha sido condenado por la Audiencia Nacional en el caso ‘Pretoria’ de corrupción urbanística.
«HA IDO A PARAR A UN HIJO DE PUJOL»
«El administrador de ACIE manifestó judicialmente que tuvo conocimiento por una de las personas que manejaba directamente la empresa, Juan José Folchi, que ‘hay una comisión que ha ido a parar a un hijo de Pujol'», indica el magistrado.
Se establecería así el posible vínculo que quiere investigar y así reactivar la causa que indaga en los orígenes de la familia Pujol. El expresident siempre ha achacado este dinero a la herencia de su padre.
Según relata el juez, los fondos de Coterma «salieron de la entidad mediante cinco cheques, cargados en las cuentas de Coterma entre el 26 de julio de 1991 y el 8 de agosto de 1991:
«Dos a Promotora Editorial Europea Predusa (Diario El Observador) por importe de 130 millones (781.300 euros) y 40 millones de pesetas (240.400 euros); un cheque por 25 millones de pesetas (150.200 euros) a Delta Aviation, ligada a Javier de la Rosa».
«Después, un cheque por importe de 5.365.000 pesetas (32.200 euros) cuyo beneficiario no consta; y un cheque al portador de 9.365.000 pesetas (56.284 euros) a Catalana de Mitjans i Edició, cuyo administrador único hasta 1980 y luego consejero hasta 1991 fue Sánchez Carreté, que es el cheque al que se ha hecho referencia anteriormente y del que más de ocho millones y medio de pesetas pudieron llegar finalmente ‘a las manos de Jordi Pujol Ferrusola a través de la cuenta de Andbank'».
Por todo lo relatado, De la Mata entiende que la citación de los tres testigos resulta «pertinente, necesaria y proporcionada» a los fines de la instrucción, «en averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de ésta».
Además de la comparecencia de Freixa, Prenafeta y Sánchez Carreté, el juez ordena requerir a éste último la documentación de que disponga en relación con Catalana de Mitjans i Edició relacionada con la citada transacción, así como de la cuenta bancaria en la que se hizo el ingreso de los más de los más de ocho millones y medio de pesetas.
