El tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia a la familia Pujol por presunto enriquecimiento ilícito ha acordado eximir de responsabilidad penal al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 años, tras someterse este lunes a un nuevo reconocimiento médico.
Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, quien ha precisado que, a la vista de la evaluación médica y tras una reunión mantenida con el exdirigente catalán —en presencia del médico forense y de su defensa—, se ha decidido que quede “fuera del procedimiento”.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba para Pujol una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
El Ministerio Público sostiene que el expresidente y sus siete hijos —que continúan imputados— habrían constituido una supuesta organización para enriquecerse durante décadas mediante actividades corruptas, aprovechando su posición política.
En la causa también figuran como acusadas otras 15 personas, entre ellas empresarios que, según la acusación, habrían colaborado en el blanqueo de capitales a través de sociedades instrumentales presuntamente gestionadas por el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado mantienen que distintos empresarios abonaron comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y que, para ocultar el origen ilícito de los fondos, se llevaron a cabo operaciones ficticias.
Asimismo, rechazan que la fortuna familiar en Andorra tenga su origen en la herencia del abuelo Florenci Pujol.
El informe médico de Jordi Pujol
En noviembre, médicos forenses de los juzgados de Barcelona se desplazaron al domicilio del expresidente para realizarle diversas pruebas cognitivas con el objetivo de determinar si estaba en condiciones de afrontar el juicio.
Según las conclusiones del informe remitido a la Audiencia Nacional, Pujol presenta un “trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (Alzheimer y vascular)”, asociado a un deterioro cognitivo moderado, de carácter “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”.
A la vista de este diagnóstico, los especialistas concluyeron que el expresidente no estaba capacitado ni para desplazarse a Madrid ni para declarar, al carecer de la capacidad procesal necesaria para ejercer su defensa.
Pese a ello, el tribunal acordó citarle presencialmente este lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) y someterle a una nueva evaluación médica antes de decidir sobre su situación procesal.
