La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley al considerar que carece de capacidad cognitiva suficiente para afrontar el proceso judicial y ejercer adecuadamente su defensa.
La decisión se ha conocido en la sesión celebrada este lunes, en la que ha concluido la declaración de los acusados dentro del juicio por el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.
Tras esta fase, el procedimiento entra en el trámite de conclusiones definitivas, previo a los informes finales que comenzarán este martes en la sede judicial de San Fernando de Henares (Madrid).
El tribunal ya había acordado eximir de responsabilidad penal a Pujol i Soley, de 95 años, después de que el expresidente catalán fuera sometido a un reconocimiento médico el mismo día en que debía declarar ante la Sala.
Durante la vista de este lunes, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, informó de que la Audiencia Nacional dictará en los próximos días un auto de sobreseimiento libre que ratificará formalmente el archivo de la causa respecto al exdirigente catalán.
Antes de acordarse el sobreseimiento respecto al expresidente catalán, la Fiscalía reclamaba para él 9 años de prisión y una multa de 204.000 euros como presunto autor de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Los hijos de Jordi Pujol se enfrentan a penas de prisión
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que mantiene intacta su petición de penas de prisión para los siete hijos de Jordi Pujol i Soley.
Las solicitudes de condena oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel, siendo Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de la familia, quien afronta la petición más elevada por parte del Ministerio Público.
La Audiencia Nacional juzga a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
Anticorrupción sostiene que los siete hijos de Pujol, junto a una expareja de Jordi Pujol Ferrusola y más de una decena de supuestos colaboradores, integraron una presunta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas mediante actividades corruptas aprovechando su posición política.
