El último movimiento de Quim Torra cambiando la pancarta de la fachada de la Generalitat por otra con el mismo contenido, aunque con un lazo en blanco y rojo, en vez de amarillo, no ha hecho cambiar de opinión a la Junta Electoral Central.
Considera que llenar las fachadas de los edificios públicos, y más durante una campaña electoral, con símbolos partidistas, puede constituir un delito de desobediencia.
Además ordena, a través del consejero de Interior, que los Mossos retiren estas pancartas de las fachadas donde se mantengan y multará a los responsables. Abre un expediente sancionador, contra el que caben alegaciones por parte de la Generalitat.
Torra cubría esta mañana la pancarta del lazo amarillo por otra que también pide la libertad para los separatistas presos y lleva un lazo blanco
La Generalitat ha cubierto sobre las 10:30 la pancarta con el lazo amarillo que cuelga de su fachada, que la Junta Electoral Central (JEC) ordenó retirar, por otra que también reclama la libertad de los separatistas presos, a los que denominan «presos políticos», y lleva un lazo blanco con una franja roja.
La nueva pancarta, con el mismo diseño y tamaño que la anterior, salvo por el color del lazo, ha sido desplegada por varias personas desde el balcón del edificio.
Esta madrugada, dos empleados municipales de limpieza quitaron los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la misma plaza Sant Jaume, pero poco después un individuo ha colocado otros.
El presidente autonómico catalán, Quim Torra, desatendió la pasada semana el primer plazo de 48 horas que le había dado la JEC para quitar esos símbolos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y el pasado martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que se le había dado.
Vulneran el deber de la neutralidad
Se ha dado orden de quitar tanto los lazos amarillos y las ‘esteladas’ como las otras pancartas de similar contenido que se han decidido colocar este jueves como alternativa y que siguen vulnerando el deber de neutralidad porque siguen hablando de los autodenominados «presos políticos» que son candidatos de dos partidos concretos (ERC y Junts-PDeCAT).
En segundo lugar, se ha acordado abrir un expediente administrativo al presidente de la Generalitat por no haber accedido a cumplir las órdenes de retirada de los símbolos, lo que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros.
Por último, se ha dado el primer paso en la vía penal, pues la JEC ha enviado las diligencias a la Fiscalía al apreciar indicios de que Torra ha incurrido en un delito de desobediencia que podría conllevar inhabilitación para ocupar un cargo público (ya le pasó a una alcaldesa de la CUP), e incluso prisión.
