El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto abordar el próximo miércoles 14 de octubre cinco nombramientos en el Tribunal Supremo, aunque, según ha podido saber Confilegal, las negociaciones están un tanto verdes. Por lo que es posible, que, en caso de frustarse el intento, se lleve al siguiente Pleno, del 28 de octubre.
Son tres plazas de magistrado de la Sala Segunda, la de lo Penal, la presidencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, y la plaza de esa misma Sala reservada a juristas de reconocida competencia.
La Comisión de Calificación, formada por los vocales Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, José Antonio Montero, María del Pilar Jiménez Bados y Alejandro Abascal, cerró las listas el pasado jueves.
En los cinco casos la fórmula fue la misma: “Dar cuenta a la Comisión Permanente y elevar al Pleno propuesta de nombramiento”. Los nombres van ordenados alfabéticamente. La Comisión no ha establecido ninguna prelación entre ellos.
Una sola lista para tres vacantes penales
Las tres plazas de la Sala Segunda proceden de jubilaciones. Las de Ángel Luis Hurtado y Andrés Palomo del Arco corresponden al turno general. La de Juan Ramón Berdugo, al turno de especialistas.
La Comisión ha elevado los mismos veinte nombres para las tres plazas, también para la de especialistas, que tiene requisitos propios de trayectoria en órganos penales.
Son Salvador Camarena Grau, Joaquín Delgado Martín, Miguel Ángel Encinar del Pozo, María del Rosario Esteban Meilán, Ignacio José Fernández Soto, María Fernanda García Pérez, Ignacio Ubaldo González Vega, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, María Dolores Hernández Rueda, Enrique López López, Javier Martínez Marfil, José Ricardo de Prada Solaesa, Ignacio Javier Ràfols Pérez, José Luis Ramírez Ortiz, Vicente Manuel Rouco Rodríguez, José Manuel Sánchez Siscart, María Félix Tena Aragón, Alberto Varona Jiménez, Eloy Velasco Núñez y María de los Ángeles Villegas García.
Cinco de los veinte candidatos son mujeres.
En la lista hay perfiles muy distintos. Están Enrique López, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Núñez y Vicente Manuel Rouco Rodríguez, ambos destinados en la Sala de Apelación de ese mismo órgano, como López.
También Joaquín Delgado Martín, magistrado de la Sala de lo Penal de la AN, lo mismo que Fernando García Pérez, Alberto Varona, en comisión de servicio en ese mismo destino, e Ignacio González Vega, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia,
Las candidatas son María Félix Tena, actualmente presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura; María Fernanda García Pérez, magistrada de la Audiencia Nacional, Dolores Hernández Rueda, jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, María de los Ángeles Villegas García, destinada en la Audiencia Provincial de Madrid, y María del Rosario Esteban Meilán, presidenta de la Sección 23 de la mencionada Audiencia Provincial de Madrid.
Lo que está en juego no es menor. La Sala Segunda es la que instruye y juzga a los aforados: diputados, senadores y miembros del Gobierno. En 2027 se jubilarán además su presidente, Andrés Martínez Arrieta (el 13 de abril próximo), y Julián Sánchez Melgar (el 19 de septiembre de 2027).
Ambos formaron parte del tribunal del caso Koldo.
Tres aspirantes a presidir la Sala Tercera
La presidencia de lo Contencioso-Administrativo quedó vacante en julio por la jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva el pasado 13 de julio.
Los tres aspirantes, todos magistrados de la Sala, pasan al Pleno: los progresistas Eduardo Calvo Rojas y María de la Ángeles Huet de Sande y la conservadora Esperanza Córdoba Castroverde.
Calvo Rojas, presidente también de la Junta Electoral Central (JEC), fue decisivo para que este organismo acordara, el 14 de septiembre de 2026, por una ajustada mayoría de siete votos frente a seis, no recurrir la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal de suspender cautelarmente determinados efectos electorales de la conocida como «ley de nietos».
El magistrado progesista respaldó la posición de no impugnar los autos judiciales al considerar que un recurso tendría escasas posibilidades de prosperar. Su voto contribuyó, por tanto, a que la JEC acatara la suspensión sin presentar batalla judicial.
Dicha decisión podría afectar al apoyo que el sector progresista podría prestarle. Está por ver que eso sea así.
Nueve juristas para la plaza de Lucas
La jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, catedrático de Derecho Constitucional, dejó libre también su plaza del turno de juristas.
A la convocatoria se presentaron catorce aspirantes. La Comisión eleva nueve: Felipe Alonso Murillo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid; Moisés Barrio Andrés, letrado del Consejo de Estado; Daniel Berzosa López, profesor y coordinador del área de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho de CUNEF Universidad; Nuria Díaz Abad, abogada del Estado y exvocal del CGPJ; Guillermo Escobar Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá; José María Gimeno Feliú, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública; Maximino Ignacio Linares Gil, consultor y responsable del área de litigación tributaria en la oficina de Madrid del despacho internacional Herbert Smith Freehills Kramer; Pedro Moreno Brenes, letrado del Tribunal Supremo y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga; y Miguel Ángel Recuerda Girela, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, abogado y consultor jurídico de García-Trevijano Abogados.
La aritmética del Pleno
Cada nombramiento necesita una mayoría de tres quintos, 13 votos de 21. El Consejo que preside Isabel Perelló está dividido en dos bloques de diez vocales. Ninguno de los dos puede imponer a su candidato sin pactar con el otro.
Los vocales progresistas abrieron la negociación sobre las vacantes penales a mediados de septiembre. El Pleno del miércoles dirá si posible el acuerdo o si se dejan para más tarde.
