La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) señala que el caso de Martorell (Barcelona) “sólo un ejemplo» del «estado tercermundista» en el que se encuentran desde hace tiempo muchos juzgados en España.
Destaca que ademas de esas instalaciones en ruina en Cataluña, hay juzgados cerrados en Valencia por falta de personal, y con montones de basura en el País Vasco.
Así lo ha manifestado en un comunicado, en el que explica que «varios juzgados de la provincia de Valencia han tenido que cerrar durante una semana ante la desidia de la Consejería del ramo para cubrir a tiempo la falta de funcionarios interinos que tuvieron que dejar sus puestos semanas antes de que se incorporaran los nuevos».
Según informa, esto ha ocurrido en el Juzgado Mixto Número 4 de Massamagrell o en el de lo Penal Número 2 de la capital valenciana, y dice que «se vieron obligados a retrasar varios procedimientos judiciales por esta razón».
Respecto al País Vasco, recuerda que desde el pasado 19 de septiembre -más de medio año- los juzgados de Guipúzcoa sufren una huelga de limpieza, que ha provocado la «acumulación de grandes cantidades de basura dentro de los propios juzgados y de suciedad en los baños», según muestran unas imágenes tomadas a mediados de marzo en los juzgados de Bergara, «con la insalubridad que ello entraña para trabajadores y ciudadanos que acuden a diario».
El portavoz nacional de AJFV, Raimundo Prado, denuncia que es “vergonzosa e indignante la situación de medios materiales y humanos que soportan a diario y cada vez más muchas instalaciones judiciales en nuestro país».
Pregunta a “los responsables de este panorama, que son los políticos encargados de velar por el correcto funcionamiento de un Poder del Estado como es la Justicia, si trabajarían sin personal durante semanas enteras, rodeados de basura o con los techos en ruina en su despacho”.
Les pide que “se comprometan de una vez y de verdad a solventar las lamentables condiciones que soportan los profesionales y usuarios de la Justicia española”.
La AJFV ha celebrado la «decisión histórica» adoptada el miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspendido la actividad de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 5 de Martorell ante el estado ruinoso que presentan estas instalaciones, hasta el punto de poner en riesgo la integridad de las personas que trabajan y acuden a ellas, y haya anunciado el cierre completo de las demás salas si en un mes no se han solventado estas deficiencias.
LAS ASOCIACIONES DE JUECES PIDEN UNA ‘INMEDIATA SOLUCIÓN’ PARA LOS JUZGADOS DE MARTORELL
La Sección en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y Ágora Judicial reclamaron ayer a la Consejería de Justicia catalana una «inmediata solución de la deficiencias» en los juzgados de Martorell.
En un comunicado conjunto, solicitaron medidas, más allá de «la previsión de un nuevo edificio previsto en el partido judicial de Martorell para el año 2024».
«Los distintos informes elaborados por las autoridades competentes relatan una situación de extrema gravedad en la estructura del edificio, elementos de seguridad y la instalación eléctrica», han destacado, y han aplaudido la decisión del CGPJ.
Han insistido que el servicio de la Administración de Justicia requiere unos medios mínimos y «evitar que el riesgo potencial para la seguridad de los trabajadores y ciudadanos que hoy de forma notoria existe se convierta en una desgracia de futuro».
Tras el acuerdo del CGPJ, la magistrada decana de Martorell, Susana Solans, requirió a la Consejería de Justicia de espacios adecuados para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 5.
De momento, la decana ha habilitado la oficina del Juzgado 3 para que el número 1 pudiera ayer hacer el servicio de guardia, y ha reubicado al número 5 -que debe resolver sobre detenidos y medidas cautelares en violencia de género- en la oficina del 4 para que pueda prestar su servicio.
