El exjugador del FC Barcelona Adriano Correia será juzgado por la Audiencia de Barcelona el martes 9 de abril acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública por valor de 646.086,09 euros, al haber ocultado sus ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen en 2011 y 2012, cuando jugaba con el club azulgrana.
Adriano se sentará en el banquillo de los acusados con una petición de condena por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel y una multa total de 1,1 millones de euros, además de que le reclaman indemnizar a la Hacienda Pública con los 646.086,09 supuestamente defraudados, según el escrito del fiscal recogido por Europa Press.
El jugador brasileño llegó a España en enero de 2005 para jugar en el Sevilla FC, equipo en el que estuvo hasta que en julio de 2010 fue fichado por el FC Barcelona, y se acogió entonces al régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español, que permite tributar como no residentes el año de la llegada y cinco más.
Obligado a tributar como residente en España por su renta mundial
Adriano, que jugó en el Barça hasta que a finales de la temporada 2016 fue traspasado al Besiktas JK, a partir de 2011 estaba obligado a tributar como residente en España por su renta mundial, pero eludió pagar por sus ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen en 2011 y 2012.
Para ello, según el fiscal, usó un doble mecanismo: ocultó los ingresos derivados de un contrato suscrito con una marca deportiva el 1 de agosto de 2007 y simuló la cesión de sus derechos de imagen «a una sociedad puramente instrumental: Chacun à sa place Comercio Internacional e Serviços», constituida en 2001 en Madeira.
De esta forma, Adriano «se sirvió del ventajoso régimen fiscal de dicho territorio portugués para percibir las rentas derivadas de la cesión de la explotación de sus derechos de imagen al FC Barcelona».
Tanto el jugador como el propio club presentaron declaraciones complementarias y además Adriano ha efectuado varios ingresos a la Agencia Tributaria, con lo que según el fiscal «habría saldado en su totalidad con la Hacienda Pública la deuda que existía», por lo que pide aplicarle la atenuante de reparación del daño.
