La ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció ayer que en los próximos días se aprobará una orden ministerial para fijar la composición y la plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.
Según informó el ministerio, con esta decisión se resolverá un bloqueo que dura 13 años y que permitirá normalizar las necesidades de este Gabinete, hasta ahora subsanadas mediante planes de refuerzo anuales.
Así lo reveló Delgado al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y a los 12 miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
El anuncio tuvo lugar en un acto en el que ha impuesto la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a cuatro funcionarias procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y del alto tribunal.
El Supremo, pieza fundamental de la jurisprudencia española
Durante su intervención, Delgado destacó el papel fundamental del Supremo como máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España y el incremento exponencial de su carga de trabajo año a año, lo que obliga a mejorar las condiciones del desempeño de sus funciones.
Por otro lado, la ministra resaltó de las funcionarias condecoradas su vocación de servicio público y dedicación en el ejercicio de sus funciones y les ha dado la bienvenida a la Orden de San Raimundo de Peñafort como al selecto club de los mejores servidores públicos de la Justicia y del Derecho.
Las condecoradas son Ana Murillo Tapia, directora del gabinete de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; María Dolores Plaza López, teniente coronel auditor en el Tribunal Militar Central; Begoña Nieto Vigil, jefa de secretaría del presidente del alto tribunal y Paola Chelton López de Haro, funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, secretaria en la Dirección del Gabinete del Presidente del Supremo. EP.
