La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy que Luciano Varela Castro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, continúe formando parte del tribunal que juzga el proceso independentista tras jubilarse.
«Durante la totalidad del juicio y todas las actuaciones posteriores que sean precisas para el dictado de la sentencia”, añade.
El magistrado cumplirá 72 años el próximo 9 de mayo, edad en la que automáticamente se cesa en el cargo.
Como informó el pasado febrero Confilegal, que anunció que se produciría esta situación, la ley contempla la posibilidad de que un magistrado jubilado pueda formar parte de una deliberación, votar y firmar una sentencia.
Se trata del artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que dice que «cuando fuere trasladado o jubilado algún juez o magistrado deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado, salvo que concurriera causa de incompatibilidad o proceda la anulación de aquélla por otro motivo”.
La Permanente del CGPJ ha tomado esta decisión a petición del presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, y en aplicación del citado artículo.
No es la primera vez que el CGPJ ha acordado que magistrados jubilados continúen celebrando las sesiones de una vista oral en aplicación del 256 de la LOPJ.
Este fue el caso, por ejemplo, del presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de San Sebastián Pablo Pérez Rubio (en 1995), el magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz Ramiro Baliña Mediavilla (en 1998), el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga José María Muñoz Caparrós (en 2006) o el presidente de la Sección Tercera de esa misma Audiencia Carlos Prieto Macías (en 2010).
En la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo hay un precedente, el del magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, a quien la Permanente concedió la prórroga de jurisdicción en 2008 en los procesos sobre ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca.
