La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha presentado hoy una denuncia contra el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, por presunta prevaricación, y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los presuntos delitos de falsedad documental y ultrajes a España.
Confilegal se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Guardia Civil para recabar su opinión al respecto, y han declinado hacer declaraciones por desconocer el contenido de la citada denuncia, al no tener constancia oficial de ella.
UniónGC es una de las asociaciones firmantes del acuerdo de equiparación con policías autonómicas, suscrito el 12 de marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.
Este acuerdo fue firmado siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Su sucesor en el cargo, Fernando Grande-Marlaska, lo ha respetado en sus términos. Fue publicado en el BOE el 20 de marzo de 2019.
UniónGC señala que dicho acuerdo surge con el fin de “alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, impulsar la modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”.
Fija una subida de 807 millones de euros en tres años, desde 2018 a 2020.
Indica que en él se establecen una serie de cláusulas, que a su vez contienen diferentes hitos del proceso de equiparación salarial.
En una de esas cláusulas queda recogido el compromiso de la Secretaría de Estado de “contratar los servicios de una consultoría que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta”.
También dice que la consultoría «analizará las cifras de equiparación puesto a puesto, y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la Consultora» y que este estudio contará con la participación de los técnicos de la Secretaría de Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y de los sindicatos y asociaciones que han suscrito el acuerdo o que en un futuro quieran adherirse.
UniónGC informa que los trabajos de consultoría externa fueron adjudicados a Ernst & Young Abogados y que el plazo máximo para la realización de los mismos era de seis meses.
Cuenta que ha expirado sin que se haya conocido el resultado de los mismos y sin que se haya dado traslado de todos los trabajos a las asociaciones de la Guardia Civil ni tampoco a los sindicatos de la Policía Nacional.
La Unión de Guardias Civiles alude a una información publicada por el diario El Independiente el pasado 26 de marzo, titulada “Interior ordenó maquillar el informe de la equiparación salarial: “No habrá más dinero”».
Indica que en ella se hace referencia a diversas reuniones entre responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad y de Ernst & Young, “en términos que dan a entender que autoridades y funcionarios públicos presionaron a dicha empresa para cambiar las conclusiones que habrían alcanzado como consecuencia de sus trabajos con el fin de cambiar el resultado final de los mismos”.
«Estos hechos, que son motivo de denuncia, deben ser objeto de investigación», señala esta asociación.
«Si se relacionan los hechos a los que nos hemos referido y que aparecen en la noticia con el retraso en hacer públicos los trabajos de la Consultora y con la no entrega de los mismos a las asociaciones y sindicatos, existen razones para pensar que las supuestas presiones a las que hace referencia el citado diario han podido surtir efecto«, agrega.
Y dice que si esto fuera así «podríamos encontrarnos ante actuaciones llevadas a cabo por autoridades y/o funcionarios públicos que, a sabiendas, impiden, en este caso, a las asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales, el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.
UniónGC destaca que el derecho fundamental de asociación profesional y el derecho fundamental a la sindicación son de relevancia constitucional, a través de los artículos 22 y 28, y que en las respectivas leyes de derechos y deberes de ambos cuerpos se determina la participación de asociaciones y sindicatos en las políticas públicas relativas a ámbitos sociales, económicos y profesionales, que son precisamente los que se establecieron como ámbitos de trabajo en el acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior, Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
«Si han existido presiones, las mismas se han dirigido a la afectación del núcleo esencial de estos derechos, cuya ejecución, aplicación y desarrollo se habrían visto impedidos a sabiendas, presuntamente, por las autoridades y/o funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad», añade.
Además, señala que «estas presuntas presiones constituirían un hecho de gravedad extrema, dado que afectarían a derechos de relevancia constitucional y de carácter profesional de los guardias civiles y de los policías, que se verían afectados sin excepción por la naturaleza de los trabajos de la Consultora y de los fines que se pretenden conseguir a través de los mismos, que no son otros que la plena y total equiparación salarial de aquellos con los miembros de los cuerpos de policía autonómicos».
También subraya que en la mesa de negociación se acordó el reparto de unas cantidades porcentuales para cada uno de los cuerpos policiales en atención a las diferencias retributivas existentes entre éstos y los cuerpos policiales autonómicos.
Dice que habida cuenta de la existencia de una mayor brecha salarial entre Guardia Civil y policías autonómicas que la que existe entre éstos últimos y Policía Nacional, se atribuyó a los guardias civiles un porcentaje ligeramente superior que el asignado para los policías nacionales.
«Es con respecto a este acuerdo, adoptado en la mesa de negociación, el que finalmente se vería incumplido a instancias, supuestamente, del Director General de la Guardia Civil, quien, repetimos, siempre desde el respeto a la presunción de inocencia y a resultas de la pertinente investigación judicial, de forma unilateral decidió, motu proprio, alterar los citados porcentajes destinados a cada uno de los cuerpos policiales», argumenta la asociación.
«Dicha decisión, adoptada como decimos, en contra del acuerdo válidamente adoptado por las partes en su día, habría perjudicado, presuntamente, a los miembros de la Guardia Civil en una cantidad aproximada de cuatro millones y medio de euros», añade.
LAS DILIGENCIAS QUE PIDE
UniónGC pide que «para la corroboración de los hechos expuestos, deberían practicarse, de forma urgente e inmediata para evitar la desaparición de elementos probatorios y para que la investigación no pueda verse perjudicada», que se tome declaración a quien suscribe a los efectos de ratificación de la denuncia.
También solicita que se tome declaración en calidad de testigo al representante legal de la empresa Ernst & Young Abogados, y se interese del mismo la remisión de todos y cada uno de los documentos, informes que hayan elaborado en relación con el contrato de los servicios de consultoría para el análisis de las retribuciones y de tareas de los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para el seguimiento de la implementación del acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil.
Asimismo, reclama la declaración en calidad de testigo del redactor de El Independiente que firma la noticia a la que se ha hecho referencia.
Pide que se interese de la Secretaría de Estado de Seguridad la remisión del expediente de contratación que ha dado lugar a la adjudicación de los trabajos a la empresa, la remisión de los trabajos, informes, documentos que haya recibido de Ernst & Young Abogados en relación con dicho contrato, así como las actas de las reuniones que se hayan celebrado entre personal de la Secretaría de Estado de Seguridad la citada consultora.
Por último, reclama que se soliciten las actas de las mesas de trabajo de la Secretaría de Estado de Interior, así como las actas de las mesas técnicas de la Guardia Civil, para el seguimiento y desarrollo del acuerdo de equiparación.
