Un sargento de los ‘Mossos’ dice que la ‘tensión’ el 20-S les impidió intervenir ante los daños en los vehículos de la Guardia Civil

A preguntas del abogado Javier Cremades, que representaba en esta sesión a la acusación popular ejercida por VOX, el agente ha manifestado que temieron por su integridad física si decidían intervenir ante el «ilícito penal» que estaban observando respecto a los vehículos policiales.

«Si se hubieran producido daños en vehículos en ese momento tendríamos que haber actuado, pero estábamos solos y nadie nos podía auxiliar, así que nos fuimos para la puerta de la Consejería. Se trataba de prevenir ese riesgo«, ha argumentado.

Este ‘mosso’ ha narrado cómo acudió al lugar junto con otros agentes de mediación, y su participación en varias reuniones que hubo aquella mañana con los mandos de la Guardia Civil en el lugar.

En estos encuentros estuvieron la intendente de Mossos Teresa Laplana, los mandos de Guardia Civil que comandaban el registro judicial que se estaba realizando, y los exlíderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Xavier Vidal y Jordi Sànchez.

Sobre Vidal y Sànchez ha dicho que su actitud fue colaborativa con los agentes.

También ha indicado que los criterios sobre la activación o no de un pasillo de seguridad para la entrada o salida de la comitiva judicial dependió de los criterios «técnicos» de la unidad de orden público de ‘Mossos’, y que «así se hizo».

Ha explicado que la preocupación eran las armas en los vehículos, un extremo que en ningún momento se comunicó a los responsables de ANC, que eran apartados cuando se trababa el asunto.

Respecto al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha relatado que fue movilizado desde las 6 de la mañana para acudir a varios colegios, entre ellos el Ramón Llull en Barcelona, y que intentaron realizar sus labores de mediación hablando con los ciudadanos, que eran «gente hetererogéna, sin un responsable».

«Hablar es muy fácil pero que te escuchen y te hagan caso es más difícil, y eso es lo que no se consiguió», ha señalado a preguntas del abogado de VOX, que es la parte que le había solicitado como testigo.

RECHAZÓ UNA FACTURA DE UNIPOST PORQUE EL IMPORTE ERA ‘DESMESURADO’

Hoy también ha declarado ante el tribunal David Badal, técnico administrativo de la dirección de servicios del Departamento de Trabajo que dirigía Dolors Bassa. En este caso, a petición de la Abogacía del Estado.

Este testigo ha explicado que a mediados de septiembre de 2017 rechazó una factura de Unipost, en la que se incautaron más de 45.000 tarjetas censales para el referéndum del 1 de octubre, porque el periodo de facturación era «de un sólo día» y por que el importe era «desmesurado».

Ha informado que no era la primera vez que se denegaba una factura de esta empresa, pero que en esta ocasión se hizo porque se reclamaban cantidades que eran «inusales, fuera de lo normal de un mes de trabajo».

A preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane, ha contado que le llamó la atención esta factura y que por ello lo comentó «como una anécdota» con sus compañeros.

No obstante, ha dicho que en ningún momento comunicó este hecho con ningún responsable «que promoviera el servicio» ni con la propia empresa.

TAMBIÉN HA DECLARADO UN SOCIO DE LA ANC Y ÒMNIUM CULTURAL

También ha testificado Josep María Cerveró, un socio de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural que se encontraba en Badalona (Barcelona) el 25 de septiembre de 2017 en el incidente por una incautación de carteles que decían «hola Europa» y «hola República».

Sobre el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reconocido su participación en dicho incidente, tras ser alertado de lo que ocurría mientras cenaba en un local del municipio.

Ha relatado que los agentes locales se incautaron del material, que introdujeron en el coche policial, y en ese momento llegó al lugar Cuixart junto con otras personas que pidieron que lo dejaran pasar porque se trataba solo de unos carteles en los que ponía «hola Europa».

Después ha reconocido que estaban «en el contexto del referéndum».

Sobre Cuixart, a preguntas de la abogada defensora, ha afirmado que su actitud fue «calmada, con las manos en los bolsillos», sin que en ningún momento vociferara o animara a otras personas contra los policias.

UN EXSECRETARIO DEL GOBIERNO CATALÁN INSISTE EN QUE EN TODAS LAS REUNIONES SE HABLABA DE REFERÉNDUM PACTADO

Otro de los testigos que ha declarado es el exsecretario del gobierno de la Generalitat Joan Vidal, cesado en julio de 2017 a petición propia para volver a su «actividad privada».

Ha señalado que en todas las reuniones en las que participó con responsables del gobierno catalán de Carles Puigdemont para hablar del referéndum se hacía siempre con la «voluntad de acordar» la votación con el Gobierno y no de forma «unilateral».

Preguntado por la abogada del Estado sobre si el acto del 9 de junio de 2017 donde se presentó la pregunta era una decisión unilateral, Vidal ha rechazado esta postura y ha señalado que «se planteaba públicamente que se estaba abierto a negociación para llevarlo a cabo».

No obstante, ha admitido que poner una fecha concreta sin pactar era «un elemento para poner presión a la negociación».

Preguntado por VOX, que ha solicitado su comparecencia, sobre si conocía la agenda de Josep María Jové, ‘número dos’ del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha dicho que tenía una «estrecha relación» con él porque ambos tenían la función de coordinar la acción del gobierno, pero que «no le miraba su libreta».

Hoy también estaba citado a declarar el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El tribunal lo ha eximido de comparecer como testigo después de que éste manifestase su intención de no declarar, acogiéndose a este derecho como investigado en otro procedimiento, el relativo a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha señalado que Aragonès se encuentra en una situación en la que no existe una «imputación formal» contra él aunque el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, haya elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, debido a su condición de aforado.

No obstante, el ‘número dos’ de la Generalitat ha expresado su «deseo» de no contestar a las preguntas que le puedan formular las distintas partes.

A su salida del Supremo, Aragonès ha manifestado a los periodistas congregados que «el fraccionamiento de la causa y el hecho de que mismos hechos estén siendo juzgados en varios tribunales evidencia el carácter político de esta causa».

«Es una causa motivada políticamente, se intenta enjuiciar un programa político y una posición política a favor de la independencia de Cataluña», ha señalado.

Aragonés ha defendido esa ruptura: «Estamos convencidos de que la independencia de Cataluña es lo mejor que le puede pasar e nuestro país para administrar sus recursos y tomar sus decisiones como una sociedad adulta».

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