Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda (FAI-RADE) han presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo.
Se oponen a la decisión de la Sala Segunda de rechazar la admisión de la querella que interpusieron contra el Rey emérito y otras siete personas al hilo de los audios en los que su otrora amiga Corinna Larssen afirmaba que cobró comisiones y tenía testaferros y cuentas en Suiza.
El Supremo tomó esa decisión ante la «falta de indicios de criminalidad» que también había observado la Audiencia Nacional al archivar la investigación de estos audios grabados por el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva.
Atendían además a la imposibilidad de amparar una nueva querella por los mismos hechos descartados en otra instancia.
Criterio distinto
Para IU y el resto de los firmantes de la querella, este criterio «es contrario al manifestado en anteriores ocasiones por el Tribunal Supremo».
Mencionan en concreto una resolución anterior a 2016 de la que fueron ponente y firmante dos de los magistrados que ahora integran la Sala Segunda, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena.
Solicitan por ello al Supremo que revise su auto de inadmisión y «se sirva dictar otro en su lugar, más ajustado a derecho, por el que se ordene iniciar la instrucción de la causa, accediendo a la práctica de las Diligencias de Investigación interesadas en la querella origen de los autos, así como cuantas otras resulten precisas para la depuración de los gravísimos delitos denunciados».
«El auto recurrido impide, con su decisión de archivar ‘ad limine’ la querella interpuesta, la comprobación de los hechos denunciados, al socaire de un pretendido carácter ‘prospectivo’ de la querella interpuesta».
«De esto se deriva una denegación de la administración de justicia en modo alguno compatible con los más que evidentes indicios que en la querella se revelan como indicadores de haberse cometido los graves delitos denunciados», señala el recurso.
Sostienen además que esa supuesta falta de pruebas se debe a que «quien perpetra cualquier delito no pone a disposición de la administración de justicia una diligente y documentada rendición de cuentas de los ilícitos penales cometidos» y que para ello, está la instrucción.
«No hay documentos aportados, por lo tanto no hay causa, nos viene a indicar el auto recurrido», lamentan.
La querella va dirigida, además de contra Juan Carlos de Borbón, Corinna Larssen (antes zu Sayn-Wittgenstein), el director del CNI general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, Villarejo, el abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.
Los firmantes les acusan de hasta 13 posibles delitos, cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares. EP.
