El Tribunal Supremo ha fijado en 12.000 euros la cantidad que Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE) y la Asociación Foro de Abogados y Abogadas de España (FAI-RADE) deberán depositar si quieren ejercer la acusación popular contra el Rey emérito Juan Carlos de Borbón, la exprincesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el ex comisario José Manuel Villarejo, el abogado suizo Dante Canónica y el primo del ex monarca Álvaro Orleans de Borbón.
La sala de admisión para este caso, compuesta por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Francisco Monterde Ferrer, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer García, tendrán que decidir si admitirla a trámite o no una vez que la fiscalía estudie la querella y emita el consiguiente informe sobre su legalidad.
Era el pasado 5 de diciembre cuando las dos formaciones políticas presentaban esta querella ante el Supremo contra el ex jefe del Estado y siete personas más, el tribunal competente para ello.
La querella se basa en los audios que se filtraron de las conversaciones entre Villarejo y Corinna y en ella se les acusa de 13 delitos tales como cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal entre otros.
Los abogados de estas formaciones basan sus acusaciones en que «en esos audios de Villarejo se da a entender que Juan Carlos I tenía cuentas en suiza, que usó a Corinna como testaferro en un terreno en Maruecos y que cobró comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca en Arabia Saudí».
En la querella piden al Supremo que admita su personación como acusación popular e insisten en que «no puede haber ninguna inviolabilidad del rey que impida investigar posibles delitos».
EN EL MOMENTO DE LOS HECHOS EL REY GOZABA DE INVIOLABILIDAD
La Fiscalía Anticorrupción anifestaba el pasado mes de septiembre que rechazaba comenzar a investigar el supuesto reparto de dinero por la adjudicación del AVE a La Meca ya que se daba la circunstancia de que Juan Carlos I goza de inviolabilidad y responsabilidad por su entonces condición de jefe del Estado.
Sin embargo, para IU y el PCE «la inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey y Jefe de Estado está relacionada con el desempeño de sus funciones oficiales y no consiste en un manto de impunidad sin límites para conductas de índole exclusivamente personal».
Añade que, «en caso de haberse ejecutado dichas conductas, las mismas no son las propias del cargo o función de Jefe del Estado y por tanto ninguna inmunidad, inviolabilidad o irresponsabilidad pueden alcanzar al Jefe de Estado que durante el ejercicio del cargo realiza actividades ilícitas con el único fin de enriquecimiento personal».
La Fiscalía Anticorrupción decidió abrir formalmente diligencias de investigación a finales de diciembre de 2018 para aclarar el destino de los 80 millones de euros que, según Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido, entre otros, el Rey emérito por esa adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
