Cuando escuché a Lluis Llach, el pasado lunes, declarar ante los siete magistrados del tribunal supremo que el era «homosexual, independentista y ciudadano del mundo» para justificar su incomodidad ante las preguntas que le iba a hacer el abogado de la acción popular, representado por por Javier Ortega-Smith, el número 2 de Vox, me vino a la cabeza la escena final de «Lo que el viento se llevó».
Cuando Escarlata O’Hara le plantea a su esposo, Rhett Butler, «¿Dónde iré?, ¿qué haré?». Y Butler, un Clark Gable en su máximo esplendor, le contesta, «Frankly, my dear, I don’t give a damn», que traducido significa, «Con franqueza, querida, me importa un bledo».
O un carajo.
Porque eso mismo me importaron sus palabras. Así de claro.
Pero lo que me molestó, de verdad, es que el «abuelito» Llach, antaño cantautor mítico de los últimos años del franquismo pretendiera asimilar su pertenencia al colectivo gay con su militancia en el separatismo, dos colectivos «perseguidos».
Recordemos que doce líderes del independentismo están siendo juzgados por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia por los hechos que condujeron al referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la declaración de independencia consiguiente.
Otra vez la estrategia victimista.
Por ser homosexual –mira que forma más original de salir del armario de forma pública, a nivel nacional («estatal», diría él)– y separatista.
Le faltó añadir que era socio del Barça.
Hombre, no.
Porque Llach hoy ya no puede engañar a nadie.
El político-cantautor no es, en absoluto, un abuelito, aunque haga como que lo es porque tiene 70 años.
Hace sólo dos, en la primavera de 2017, era la energía personificada.
ESTUVO EN LA GESTACIÓN DE LA LEY DE TRANSITORIEDAD, ANULADA POR EL CONSTITUCIONAL
Como diputado de Junts pel Sí había presidido la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente del parlamento autonómico, en la que se había gestado la llamada ley de transitoriedad aprobadas el 6 de septiembre de 2017, y anulada por el Tribunal Constitucional después.
En una de aquellas conferencias que se fue a dar en modo evangelizador, con el fin de crear el estado de opinión de que lo inevitable estaba por llegar –la independencia–, y que tuvo lugar en marzo de 2017 en Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, Llach dijo que la ley de transitoriedad –una falsa constitución– era «la ley más importante. El día que la aprobemos, se producirá una sacudida, incluso si la aplicamos parcialmente, que es lo que ahora estamos discutiendo”.
Y añadió, en tono amenazante a los presentes –no hubo tono amenazante en el Supremo el lunes pasado–: “En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán. Porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios”.
Lo publicó El País. Una buena exclusiva, sí señor.
Llach tenía las cosas muy claras.
“La declaración de independencia la haríamos en el mes de septiembre, y nuestras primeras declaraciones de renta serán en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña, sea sancionado. Nada más que esto. El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y los funcionarios verá qué hace y responsabilizarse de sus actos. Pero es un tema que [al Departamento de Economía] no preocupa demasiado. Es como si lo tuvieran muy solucionado, yo no puedo explicar nada pero cuando preguntas, solo te dicen que vamos un poco cortos de tiempo”, explicó
¿Qué quiere decir todo esto?
Que Llach estaba en el meollo de lo que se gestó después.
Colaboró.
Durante su deposición ante el tribunal, dijo que la idea de que los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, se subieran a uno de los coches patrulla destrozados de la Guardia Civil la noche del 20 de septiembre, frente a la Consejería de Economía, para hablar ante las masas, había sido de él.
Él se lo sugirió a los dos, como queriendo restar la culpa a ambos «jovenzuelos».
Pero lo del lunes ante el tribunal no coló, hay que decirlo. Fue una actuación pasable. Llach es mejor haciendo música.
¿Y lo de que sea homosexual?
De verdad, ¿a quién le importa cuáles son sus preferencias sexuales hoy, en una España en la que desde hace 14 años el matrimonio homosexual es legal y forma parte de la normalidad de la vida?
Su declaración fue una salida pública del armario irrelevante –ya se sabía que era gay– y un insulto a la inteligencia de todos.
Sobre todo, y de forma muy especial, a la de ese colectivo. Porque es utilizarlo de la forma más burda.
Que yo recuerde, ninguno de los testigos que le precedieron, y que se mostraron igual de «incómodos» que él por se interrogados por los abogados de Vox, adujeron, «señoría, soy heterosexual e independentista y no me parece bien contestar a estos señores».
A Llach no le sirvió para nada, como era de esperar.
El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le recordó, con mucha educación, que la ley de Enjuiciamiento Criminal le obligaba a responder a las preguntas de la acción popular sí o sí.
Y Llach, el homosexual independentista tuvo que hacerlo.
De forma obediente, hay que decirlo.
