De izquierda a derecha: José Palazuelos, secretario de Gobierno del TSJ de Madrid, Juan Carlos Estévez, presidente del CGPE, Belén Merino Espinar, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, decano del ICPM, Yolanda Ibarrola, consejera de Justicia en funciones de la Comunidad de Madrid, Gregorio García Torres, director de Santander Justicia, y Jorge Gutiérrez, responsable comercial de Santander Justicia.
El ICPM señala el reto común que hay que afrontar: «Es la modernización de la Justicia, y tiene que ser labor de todos»
Las nuevas tecnologías y su impacto en la futura Administración de Justicia
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11/5/2019 11:15
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Actualizado: 11/5/2019 17:20
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Fue la conclusión principal que emergió de la Jornada sobre Nuevas tecnologías en la futura Administración de Justicia, organizada por el Colegio de Procuradores de Madrid (ICAP) y por la Consejería de Justicia, que se celebró ayer en el Auditorio del Banco Santander -antigua sede del Banco Popular- durante tres horas de debates: «El reto es la modernización de la Justicia y tiene que ser labor de todos».
No pudo haber más consenso sobre la misión a cumplir entre todos los participantes. Un consenso cuyo camino señaló el decano de los procuradores madrileños, Gabriel María de Diego Quevedo, que abrió la jornada: “Vamos a hacer la fuerza y la unión para beneficiar a la Administración, porque eso significa beneficiar al ciudadano”.
El evento estuvo estructurado en torno a tres mesas redondas y reunió a procuradores, registradores y letrados. En total más de 200 personas.
La primera trató sobre las cuestiones prácticas en la gestión de los mandamientos judiciales dirigidos a los Registros Mercantiles y de la Propiedad.
La segunda abordó la relación de los actos procesales y el sistema Lexnet: Unificación de criterios.
Y en la tercera se habló sobre la relación de los actos procesales y el sistema Lexnet: Unificación de criterios.
La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, siguió el camino marcado por De Diego Quevedo.
«Hay que situar a la justicia en la era digital es la forma de hacerla más justa, más rápida y cercana. Si es mejor la Justicia, nuestra sociedad y nuestra democracia serán mucho más fuertes», apuntó.
La Comunidad de Madrid, añadió, es consciente de la necesidad de invertir en Justicia como una forma de “invertir en la calidad de vida de los ciudadanos y en la garantía de sus derechos. Por lo tanto, modernizar la Justicia en todos los aspectos y llevarla a la era digital de una vez por todas es un objetivo irrenunciable”.
Idéntica opinión compartieron el viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, José Enrique Núñez y el secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Sebastián Lastra, y José Palazuelos, secretario de Gobierno del TSJM.
De izquierda a derecha: Belén Merino Espinar, Gabriel María de Diego Quevedo, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Yolanda Ibarrola, José Palazuelos y Gregorio García Torres, director de Santander Justicia.
Dichas intervenciones se produjeron en la primera mesa, iniciada por Belén Merino Espinar, decana de Madrid del Colegio de Registradores de la Propiedad, y Gregorio García Torres, director de Santander Justicia.
Nacida por la dicotomía entre el discurso de la administración digital y la realidad, que demuestra que numerosos profesionales de la justicia aún desconocen el alcance real de la administración electrónica, la jornada puso sobre la mesa las dificultades para realizar cualquier trámite en las diferentes plataformas existentes, como certificados digitales que solo funcionan con versiones antiguas de navegadores, necesidad de actuaciones presenciales a pesar de la digitalización, heterogeneidad de sistemas o diferencias en las interfaces de uso.
Palazuelos, que tuvo una intervención muy entretenida, reveló que “En 1994 la Ley Orgánica de noviembre hizo que por primera vez se establece que se puedan utilizar medios técnicos e informativos en la administración de justicia, fue un impulso”.
“La última avalancha de reformas la tuvimos en 2015. Se decía que el 1 de enero de 2016 desaparecía el papel, pero no ha podido ser. Las nuevas tecnologías es algo que esta aquí y no hay vuelta a atrás, todos tenemos que implicarnos como servicio público de cara al ciudadano”, añadió.
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, analizó, en su intervención, el impacto de la herramienta Lexnet, que, para sorpresa de todos, contó que había nacido del seno de los procuradores.
“Lexnet nace en la procura, no en la Administración de Justicia. Los procuradores se gastaron mucho dinero con la Universidad de Zaragoza en los años 80, y de ahí deriva Lexnet. La Comunidad de Madrid creo que fue la penúltima en imponer el sistema telemático de notificaciones. Pero hay que actuar al actual Gobierno de la Comunidad por recuperar para Madrid la secretaria de justicia”, reveló.
“La ejecución es una cosa que no acabamos de terminar en España. Siempre que hemos ido juntos nos ha ido mejor”, puntualizó.
«Nadie viene ya al registro presencialmente»
En cuanto a los mandamientos judiciales dirigidos a los Registros Mercantiles y de la Propiedad, los protagonistas fueron Carmen Giménez Cardona, presidenta de la Comisión de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, fue la encargada de moderar esta Mesa y Ernesto Calmarza Cuencas, director del centro de estudios registrales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Bienes Muebles de España ha sido el primero en tomar parte en este asunto.
“Las nuevas tecnologías no pueden suponer una derogación de los principios fundamentales en ningún caso”, expresó Giménez. «Nosotros tenemos una normativa que nos obliga a la presentación telemática desde 2001».
Y agregó: “Ha habido muchas normas y reformas, para fijar plazos y definitivamente decir que no se puede retrasar más. En la actualidad estamos preparados para la completa tramitación telemática de cualquier tipo de documento. Nadie viene al registro presencialmente”.
“La tramitación de documentos telemáticos debería realizarse directamente por el procurador, es él el que tiene la representación y la legitimación para solicitar la inscripción. Resulta imprescindible para ello que el documento pueda circular por los sistemas tecnológicos”.
De izquierda a derecha: Ernesto Calmarza Cuencas, director del centro de estudios registrales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Bienes Muebles de España, José Enrique Núñez Guijarro, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, María Avilés Navarro, letrada de la Administración de Justicia, y Carmen Giménez Cardona, presidenta dela Comisión de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
María Avilés Navarro, letrada de la Administración de Justicia, fue otra de las protagonistas en esta Mesa.
“Nuestro objetivo primordial es que la Administración de Justicia se mueva en términos de transparencia, eficacia, eficiencia, flexibilidad…estamos muy implicados en este proceso de modernización contamos con el apoyo de Madrid Digital”, apuntó.
“Ha habido una mejora en cuanto a agilidad de la firma electrónica, y también de seguridad, en comparación a cómo estaba cuando empezó”, reveló.
“El mensaje que queremos lanzar es la coordinación, no solo europea, sino también en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de España”.
Y aseguró que, «aunque estamos en un punto muy bueno, tenemos que mejorar. Entre todos tenemos que buscar una solución, y tanto de aquí como de las reuniones anteriores, puede salir alguna solución».
José Enrique Núñez Guijarro, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, le siguió en el turno de la palabra: “Cualquier inversión que se haga en el ámbito de las nuevas tecnologías es necesaria. Aunque los recurso no son ilimitados. Que en la Administración de Justicia cambiar un ordenador sea una novedad es un tema que tenemos que resolver”.
También añadió que “el inicio de Lexnet es la piedra angular por la cual nos estamos moviendo en la justicia digital, hacia la cual caminamos, pero si no hay voluntad de todos los operadores jurídicos es muy difícil, da igual que haya 55 millones de presupuesto”.
Finalizó su intervención señalando que “las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia son el único camino para tener una justicia flexible y cercana”.
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