La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) recalca la necesidad de realizar un informe previo de impacto de género para los próximos nombramientos que tiene que realizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); las presidencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y de las Audiencias Provinciales de Albacete, Lérida, Toledo y Zamora.
«Consideramos que existe un problema de discriminación sistémica o estructural de las mujeres en el seno de la carrera judicial respecto a este tipo de cargos, que debe ser abordado y regulado adecuadamente previa elaboración del correspondiente informe de impacto de género», afirman en un comunicado.
«No se puede olvidar que desde el año 2013 las juezas y magistradas constituyen el 53,2% de los miembros de la Carrera judicial y que en 2018, el 47,9% de las Magistradas reunían el requisito temporal de los más de 10 años de antigüedad que se exige para el nombramiento de órganos de gobierno judicial».
«A pesar de ello el porcentaje de Presidentas de Tribunales Superiores de Justicia sería del 7,1%; el de Presidentas de Salas de Tribunales Superiores de Justicia el 20%; el de Presidentas de Audiencias Provinciales el 16.3 %; y el de Presidentas de Secciones de Audiencias 21,9%, cifras muy alejadas del 47,9% de magistradas en condiciones de optar a dichos órganos. Todo ello tal y como se recoge en los votos particulares al reciente auto del pleno del Tribunal Constitucional núm. 119/2018 de 13 noviembre», añaden.
CRÍTICAS AL CONSEJO
Y critican al CGPJ porque en lugar de enfrentarse con seriedad a esta problemática ha optado por no establecer la debida regulación general y limitarse a llevar a cabo convocatorias «singulares» de dichas plazas.
JJpD, junto con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente solicitaron al CGPJ que retirara de la orden del día del último pleno, del 8 de mayo pasado, las bases de al convocatoria para las mencionadas presidencias.
Cosa que no hicieron.
Para las tres asociaciones era improcedente aprobar dichas convocatorias sin una norma de carácter reglamentario que unificara el contenido de las bases de los diferentes concursos, en línea con la reforma del artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado el pasado mes de diciembre.
«La actual composición del CGPJ por esa situación de provisionalidad carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de trascendencia para la carrera judicial en tanto que su actividad debería limitarse al despacho mínimo ordinario de los asuntos», afirma JJpD.
En consecuencia, recuerdan que han pedido la dimisión de los actuales vocales del CGPJ porque «su permanencia solo hace el juego a fuerzas políticas que no cumplen su deber jurídico de renovar en plazo a los órganos constitucionales, debilitando así el funcionamiento institucional de nuestra democracia».
