La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha dictado una orden europea de investigación con el fin de interrogar por videoconferencia al exnúmero 1 de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, sobre el delito de lesa humanidad por el que ha sido procesado en España.
Ternera está procesado junto a otros tres exjefes de ETA por todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista desde 2004.
El exdirigente terrorista fue detenido el pasado jueves en Francia, donde se encuentra en prisión provisional.
También establece una fianza por dos millones de euros, en concepto de responsabilidad civil.
Dicha fianza fue fijada por Juan Pablo González en 2015, cuando era titular del Juzgado Central de Instrucción que ahora ocupa Tardón, para el supuesto de que «Josu Ternera» fuese detenido, como finalmente ha ocurrido.
CÚPULA DE ETA DESDE 2004
Junto a Ternera, González procesó por crímenes de lesa humanidad a Mikel Karrera Sarobe ‘Ata’, Aitzol Iriondo Yarza ‘Gurbitz’, y Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’, si bien sólo dictó auto de apertura de juicio oral contra los tres últimos, ya que el primero todavía se encontraba en búsqueda y captura.
En el auto de procesamiento de esta causa se recogen siete atentados mortales cometidos por ETA desde el año 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal.
Y es que la Audiencia Nacional entiende que los atentados se cometieron «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella» y que las víctimas lo fueron por su pertenencia «a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas».
Por ello, de abrirse apertura de juicio oral, será la primera vez que miembros de la banda terrorista se sienten en el banquillo de los acusados por este tipo penal.
La Audiencia Nacional les imputa un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre 2006.
También el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Mondrágón (Guipuzcoa) en marzo de 2008; el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano (Álava) en mayo de ese año; y el brigada Luis Conde en Santoña (Cantabria) en septiembre.
También atribuye a la cúpula de la banda los atentados que acabaron con la vida del empresario Ignacio Uría en Azpeitia (Guipúzcoa) en diciembre de 2008; el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga (Vizcaya) en junio de 2009; y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá (Baleares) en julio de 2009.
CONOCIMIENTO E INSTRUCCIONES
Según la Audiencia Nacional, en todos estos atentados los «máximos dirigentes» de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado «tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección».
«Impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado».
Así, en el auto de procesamiento se atribuyen siete delitos de asesinato a ‘Ata’, seis a Iriondo, cinco a ‘Txeroki’, cinco a Elizaran y dos a ‘Josu Ternera’, que «estuvo al frente del ‘aparato político'» de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 «en unión» de Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’.
Además de la fianza de responsabilidad civil de dos millones para Ternera, la Audiencia Nacional impuso siete millones de euros para ‘Ata’, seis millones para ‘Gurbitz’ y cinco millones para ‘Txeroki’.
La causa de posible delito de lesa humanidad es una de las cuatro que Josu Ternera tiene pendientes en España.
Junto a ella, está procesado por el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980, el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas –seis de ellas menores de edad–, y la financiación de ETA a través de ‘herriko tabernas’.
El exjefe de ETA nunca ha sido juzgado por estos casos, ya que en España no existe el enjuiciamiento en rebeldía.
Por estos cuatro procedimientos cada juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional encargado de la investigación ha librado sendas órdenes internacionales de detención que a día de hoy continúan vigentes y activas.
Estas son las causas pendientes que Josu Ternera tiene en España, pero en Francia, donde sí ha sido juzgado en rebeldía, se ha dictado una sentencia de ocho años de prisión por integración en organización terrorista.
Según fuentes jurídicas, las leyes francesas obligan a los tribunales a preguntar al condenado, cuando es detenido, si acepta o no la condena. En caso afirmativo, la sentencia es firme y el acusado empieza a cumplir la pena; en caso negativo, el juicio ha de volverse a celebrar.
