Tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado (IGE) han cuantificado en al menos 917.648 euros sin IVA los gastos que la Generalitat de Cataluña comprometió para financiar el proceso independentista y, más en concreto, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Esta cantidad hace referencia a todas aquellas partidas que analizaron los técnicos de Hacienda y de la IGE y que plasmaron en sendos informes que llegan a la misma conclusión de gastos comprometidos en el año 2017 por la Generalitat.
Así lo han explicado las cuatro peritos durante su comparecencia en el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo.
La perito de la IGE, Mercedes Vega, ha explicado que su informe diferencia entre gastos comprometidos y gastos efectivamente realizados.
Es decir, pagados, si bien la representante de Hacienda Carmen Tejera ha remarcado que en el suyo sólo hacen mención al primer grupo, porque, en su opinión, el perjuicio al erario público se produce en el momento en el que se presta el servicio por parte del empresario.
Perjuicio al erario público
De todo lo analizado en sus informes, según ha remarcado esta perito, se puede concluir que ese perjuicio al erario público se produjo en los encargos de publicidad, puesta en marcha de páginas web o diseño de cartelería relacionados con el referéndum ilegal.
Sin embargo, Tejera ha querido dejar claro que este casi millón de euros que figuran en su informe no son los únicos gastos que se comprometieron para el ‘procés‘, ya que para estas conclusiones no se han tenido en cuenta otros desembolsos que podrían haberse realizado en algún periodo anterior a 2017.
También ha constatado que pudieron producirse otros gastos cuyo concepto no hace referencia al referéndum en concreto, sino que se habrían incluido en los conceptos generales de los departamentos de la Generalitat, antes y durante 2017.
Y no se habrían destinado a los fines que fija la ley dentro la prestación de servicios públicos básicos para los ciudadanos como «transplantes o diálisis».
PREGUNTAS DE LAS DEFENSAS
Por su parte, los abogados de las defensas que han intervenido en la práctica de esta pericial han coincidido en cuestionar diversos aspectos de los informes de las peritos.
Como las razones por las que incluyeron en su análisis los gastos atribuidos a programas de la Generalitat como el Registro de Catalanes en el Exterior o la campaña Civisme, que finalmente quedó desierta.
Sobre la primera de estas cuestiones el abogado Andreu Van Den Eyden, que defiende al exvicepresident Oriol Junqueras y Raül Romeva, ha preguntado a las peritos de dónde sacaban la ilicitud de los citados anuncios, especialmente en el del registro de ciudadanos fuera de Cataluña.
Dos de las expertas han señalado el contenido del anuncio, ya que además de ofertar servicios como carnets de biblioteca o médicos se adjuntaba el dibujo de un mapa de Cataluña con las palabras en negro «Sí» y «No».
Sobre los gastos del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), también incluido sen el informe de las peritos, Van den Eyden les ha preguntado si se interesaron por conocer si las personas a las que se pagó habían venido en temporadas anteriores o posteriores al 1-O o los objetivos de su visita.
A lo que éstas respondieron que se limitaron a analizar los gastos que les fueron remitidos por la Interventora de la Generalitat.
También ha intervenido en el interrogatorio el abogado y exdiputado Francesc Homs, que defiende al exconsjero Josep Rull y que ha preguntado si cuando un concurso queda desierto afecta a la Hacienda Pública.
La perito de Hacienda Sara Izquierdo le ha respondido que no, si bien existe un efecto presupuestario temporal por no poder acceder a los créditos comprometidos en el proyecto mientras éstos se encuentran retenidos.
Preguntada si puede haber anuncios en los medios públicos que no se contabilizan a efectos de gasto, la perito ha indicado que la utilización de un espacio televisivo para emitir un anuncio que tiene relación con una actividad suspendida debía ser tenido en cuenta también en su informe sobre gastos relacionados con el 1-O.
A preguntas del abogado, Jordi Pina, que defiende entre otros al expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actual diputado Jordi Sánchez, las expertas han negado haber estudiado expedientes relacionados con la compra de urnas o papeletas.
