El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la primera de las piezas separadas de la investigación de las clínicas odontológicas de Idental y propone juzgar a las siete personas que integraban su cúpula por 24 delitos contra la Seguridad Social.
En un auto, el magistrado ve indicios para juzgar a los primeros administradores del Grupo Idental en la primera etapa, Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blasco, y a los posteriores propietarios, Luis Sans Huecas y los hermanos José María Garrido López y Juan garrido López.
Además propone juzgar a otras dos personas que colaboraron con los anteriores, José Luis González y Domingo Bejarano Calabuig.
El magistrado considera que los hechos son constitutivos de 24 delitos contra la Seguridad Social (23 relativos al Grupo Idental y uno relacionados con el Grupo Instituo Odontólogico Asociados).
Cifra el perjuicio económico que han causado a la Seguridad Social, los impagos acumulados a las empresas de ambos Grupos, incluido costas y recargos, en 23,6 millones de euros.
Con esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 finaliza la investigación de esta pieza del caso Idental.
La misma se inició en julio de 2018 y que se sigue por delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, lesiones y contra la salud pública.
Perjuicio millonario a la Seguridad Social
De la Mata considera que las actuaciones desarrolladas por el Grupo Idental han causado aparentemente un perjuicio millonario a las arcas de la Seguridad Social.
Este se empezó a acumular cuando García Pellicer y Vicente Castañer ocupaban los cargos de responsabilidad en las empresas que conforman el Grupo Idental y que continuó creciendo tras el relevo de éstos y el nombramiento de José Luis González Sánchez.
El magistrado detalla las distintas etapas del Grupo Idental y del Instituto Odontológico Asociado entre 2015 y 2018 en las que los investigados desarrollaron maniobras que “señalan el ánimo defraudatorio de los responsables del Grupo que revelan el vaciamiento patrimonial del mismo mediante la salida de fondos o generando ficticias obligaciones para su provecho en caso de convenio concursal”.
Del mismo modo, añade, creaban contratos ficticios de préstamos con obligaciones pecuniarias exigibles a posteriori “justificando de esta forma una devolución de fondos o, como hemos visto, una posición privilegiada en caso de convenio concursal de la empresa deudora”.
En relación con la etapa entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018 de la mercantil Instituts Odontologics Associats S.L. el juez relata cómo los responsables de esta mercantil crearon una estructura empresarial opaca que, con la colaboración de testaferros, les permitía controlar la sociedad IOA SL:
La ocultación de los socios reales de la empresa deudora con organismos empresariales complejos, así como la utilización de testaferros, las deudas muy elevadas con la TGSS, y el vaciamiento patrimonial de la mercantil con el desvío de esos fondos a estructuras empresariales particulares de los socios reales de la deudora.
Estos son factores, indica el juez, “que, juntos, denotan una planificación previa que incluye la circunstancia de “ no pagar” , por tanto, existe el ánimo de defraudar los intereses legítimos de la Seguridad Social”.
