Para la exmujer de Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, reclama 17 años, y para diez empresarios solicita cinco años para cada uno; en la imagen Jordi Pujol Ferrusola. Foto: EP
Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol y entre 8 y 29 años para sus hijos
La pena más alta que solicita es para el primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola
|
07/5/2021 19:16
|
Actualizado: 07/5/2021 19:18
|
La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol y para sus hijos penas de entre los 8 y los 29 años, que reclama para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
Anticorrupción ha presentado hoy ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN) su escrito de acusación provisional contra los miembros de la familia Pujol Ferrusola.
Les imputa supuestos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio.
Afirma que todos ellos, actuando conjuntamente, ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana.
Para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, reclama 17 años por los citados cinco delitos, mientras que para Josep Pujol pide 14 años.
A Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola les imputa asociación ilícita y blanqueo de capitales y solicita ocho años de cárcel .
A los empresarios implicados en la trama los acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil.
LAS PENAS Y MULTAS, AL DETALLE
Por el delito de asociación Ilícita solicita para Jordi Pujol Soley, su primogénito y Merçé Girones la pena de cuatro años de prisión y una multa de 24 meses a razón de 200 euros, mientras que para Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola pide tres años de cárcel y multa de 12 meses a razón de 200 euros.
Por el delito de blanqueo de capitales reclama que el padre, los siete hijos, y Merçé Gironés sean condenados a cinco años de prisión y a una multa de las cantidades de las que dispusieron todos ellos, que ascendieron a 38,7 millones de euros; 8,17 millones de dólares americanos; 2,73 millones de dólares mexicanos y 95.344 libras esterlinas.
A todos ellos, con el arresto sustitutorio de 8 meses de privación de libertad en caso de impago, además de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de dos años.
Para cada uno de los empresarios acusados pide por el delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales, penas de prisión de tres años, la pena de inhabilitación especial para el para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de dos años, y multas que van desde los 200.000 euros a los 8 millones de euros.
Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil pide para Jordi Pujol Ferrusola, Josep Pujol Ferrusola y Merçé Gironés la pena de tres años de prisión y multa de 10 meses a razón de 200 euros, e inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.
Por ese mismo delito pode para cada uno de los 10 empresarios acusados una pena de dos años de prisión y multa de 10 meses a razón de 200 euros, así como inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.
Por los delitos contra la Hacienda Pública solicita para Jordi Pujol Ferrusola tres años de prisión por cada uno de los 5 ejercicios fiscales y multas de 554.500 euros -ejercicio 2007-, de 1.358.500 euros – ejercicio 2008-, de 1.727.2000 euros -ejercicio 2009-, de 2.122.500 euros – 2010- y de 836.250 euros -ejercicio 2012-, con arresto sustitutorio de 5 meses de privación de libertad en caso de impago por cada uno de los ejercicios fiscales.
Se solicita igualmente la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o el derecho a gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de tres años, por cada uno de los ejercicios fiscales referidos.
Para Merçé Gironés solicita tres años de prisión por el ejercicio fiscal del 2012, y multa de 410.000 euros, con arresto sustitutorio de cuatro meses de privación de libertad en caso de impago y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o el derecho a gozar de beneficios fiscales durante el periodo de tres años.
Para Josep Pujol Ferrusola reclama tres años de prisión por el ejercicio fiscal 2010 y multa de 800.000 euros, con arresto sustitutorio de 4 meses de privación de libertad en caso de impago, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o el derecho a gozar de beneficios fiscales durante el periodo de tres años.
Por el delito de frustración de la ejecución del artículo 257.1, 2o del Código Penal reclama para Jordi Pujol Ferrusola dos años de prisión y multa de 18 meses a razón de una cuota de 100 euros, arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas diarias no satisfechas e inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.
Y para Merçe Gironés solicita también por ese delito dos años de prisión y multa de 18 meses a razón de una cuota de 100 euros, arresto sustitutorio de un día por cada dos cuotas diarias no satisfechas e inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio, industria y comercio por el tiempo que dure la condena.
‘PUJOL APROVECHÓ SU POSICIÓN POLÍTICA PARA TEJER UNA RED DE CLIENTELISMO’
La Fiscalía sostiene que el patriarca del clan, Jordi Pujol Soley, acordó con su cónyuge, Marta Ferrusola -exonerada por su estado de salud-, que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos -Jordi, Josep, Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusolaen la Banca Reig-, también acusado, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank.
Afirma que los padres también acordaron ambos cónyuges que fuera su primogénito quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.
Así, según la Fiscalía, el entonces presidente catalán aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol Soley y determinados empresarios afines al partido que lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC.
Explica que el patrimonio ilícitamente obtenido fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años.
Según indica, unos, Pujol Soley y su cónyuge, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusol, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.
Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, según relata detalladamente en el escrito de acusación.
NO SE HA ACREDITADO LA HERENCIA DEL ABUELO
La investigación de estos hechos costó siete años y concluyó en julio de 2020, cuando el magistrado José de la Mata puso fin a la investigación de la pieza principal del caso contra toda la familia Pujol Ferrusola y otra decena de personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales.
De la Mata señaló en el auto de procesamiento que la procedencia del patrimonio proviene de distintas fuentes que en algún caso es desconocida, si bien destaca que existen «indicios sólidos» que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol.
Tildó de «paradójico» que los investigados nieguen tener «conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)».
En otras ocasiones, según el juez instructor, el origen de los fondos estaría presuntamente en los supuestos pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, las cuales realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
Y otros pagos, afirma el magistrado, se verificaban simplemente para «congraciarse» con la familia o para «mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales».
Noticias Relacionadas:
