La Unión Europea ha creado una base de datos para la identificación de aquellos ciudadanos no comunitarios que hayan sido condenados en sentencia firme en los países miembros, según un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo publicado este viernes.
Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, la puesta en marcha de sistema centralizado de información complementa el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
De este modo, los órganos judiciales y demás operadores con acceso a la información penal de los ciudadanos de la Unión Europea podrán también conocer la identidad de los condenados en los diferentes Estados que sean naturales de terceros países, apátridas o cuya nacionalidad resulte desconocida.
Una vez que esté en funcionamiento el sistema, el Ministerio de Justicia, a instancias de los órganos judiciales u organismos públicos nacionales que lo requieran, podrá realizar una consulta a la base de datos que le informará de forma automática en qué Estados miembros constan condenas contra el ciudadano sobre el que se solicita la información.
También formulará una petición de antecedentes penales a estos Estados tal y como se hace actualmente respecto de ciudadanos de la UE.
El sistema estará compuesto de datos de identidad alfanuméricos y dactiloscópicos y se prevé la posible incorporación y utilización de imágenes faciales, subraya Justicia.
Este reglamento entrará en vigor el próximo día 11 de junio y otorga un plazo de tres años para que los Estados adapten sus sistemas de comunicación.
La Unión Europea ya reforzó Frontex para vigilar mejor las fronteras
Aumentar los efectivos para asegurar las fronteras de la UE, agilizar los procedimientos de retorno de los migrantes irregulares y reforzar la cooperación con países no pertenecientes a la Unión son algunas de las nuevas medidas aprobadas por el Comité de Libertades Civiles para fortalecer Frontex.
Esta es la agencia europea de control de fronteras, que tiene por objetivo de abordar mejor los desafíos migratorios y de seguridad.
El fin sería crear una verdadera Guardia europea de Costas y Fronteras, con capacidad de vigilancia en territorio europeo, posibilidad de intervenir en terceros países y poderes para participar en las operaciones de devolución de irregulares.
Actualmente la Guardia, que comenzó a operar en 2016, cuenta con unos 1.500 efectivos desplegados y su intervención está sujeta a petición de los países y a la colaboración con unas fuerzas nacionales.
El proyecto de Bruselas propone aumentarla a 10.000 efectivos y dotarla de un mando centralizado con amplios poderes.
La revisión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) quiere remediar las deficiencias, responder a las necesidades actuales y garantizar la preparación estratégica de la UE en el futuro en el campo de la seguridad y la migración.
También incluiría un grupo de reacción rápida para intervenciones rápidas en la frontera.
El cuerpo permanente en principio estaría estaría formado por 5.000 miembros del personal operativo, pertenecientes tanto a Frontex como a los Estados miembros, cifra que aumentaría gradualmente a 10.000 empleados operativos en un plazo de cinco años tras la entrada en vigor de las normas.
