El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó ayer el ingreso en prisión provisional del empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, conocido como ‘el rey del acero’, por riesgo de fuga, puesto que adelantó un vuelo que tenía previsto para el 5 de junio y se iba a marchar el martes por la noche a Canadá.
Ancira es presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor compañía siderúrgica del país.
Fue detenido el martes por la noche en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca, en cumplimiento de una orden de de búsqueda y detención para extradición dictada por las autoridades mexicanas, que entró en vigor el pasado domingo.
Según ha informado la Policía Nacional, era buscado por un presunto delito de cohecho o corrupción, fraude contra la administración pública y pertenencia a organización, asociación o grupo delictivo, realizado en México.
La investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicanas, quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción.
El abogado de Ancira, Ismael Oliver, ha señalado que se acusa al empresario de blanqueo de capitales por unos hechos ocurridos en 2014, en relación a la compraventa de una petroquímica.
«Se le acusa de que con el dinero obtenido por esa compraventa, compró viviendas o condominios en México», ha detallado el letrado, y ha apuntado que «él es el presidente del consejo y no tiene poder ejecutivo; no puede firmar cheques ni transferencias».
El empresario fue arrestado cuando iba a salir de Mallorca dirección a Canadá. La Policía Nacional estableció un dispositivo para su detención en el aeropuerto.
Ayer prestó declaración ante el juez Pedraz por videoconferencia y se negó a ser extraditado hasta que «llegue la documentación extradicional para poderse defenderse», ha indicado su letrado.
La Fiscalía pidió su ingreso en la cárcel sin fianza, medida que atendió el juez.
La Justicia mexicana dispone ahora de 40 días para formalizar la solicitud de entrega y presentar la documentación que avala la reclamación.
En el auto de prisión de Ancira, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz destaca la «gravedad del hecho imputado» por México -delitos de blanqueo y corrupción- y la posibilidad de que pudiera fugarse, en vista de que «el vuelo de salida de Mallorca estaba previsto para el 5 de junio, cambiando repentinamente de salida» para el martes, «probablemente hacia Canadá y no a los Estados Unidos».
El magistrado también ha tenido en cuenta que Ancira, que tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, no tiene arraigo, «pues el hecho de tener una vivienda en España no puede así considerarse».
ES ‘VÍCTIMA DE UNA VENDETTA’, SEGÚN SU ABOGADO
El abogado de Ancira ha dicho que el auto «deja abierta la posibilidad de que se decrete libertad en los próximos días o semanas».
Asimismo, ha señalado que una vez que vaya a un centro penitenciario en Madrid «volverá a pedir la libertad», acreditando el arraigo y que no hay posibilidad de riesgo de fuga.
Según ha manifestado, hay «una cosa elemental: se le acusa de una cosa que no ha ocurrido».
Oliver ha afirmado que su cliente es víctima de una «especie de vendetta» que no tiene «nada que ver» con un «tema judicial» y que los argumentos que han sido expuestos para pedir prisión preventiva son «casi un insulto».
«No es que sea discutible, se le acusa de lavar dinero por una compraventa de un condominio y no ha comprado nada en los últimos 15 años», ha asegurado, y ha añadido que lo acreditarán.
Alonso Ancira, de 67 años, presidió la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de 1993 a 1995 antes de verse envuelto en problemas fiscales que le obligaron a salir de México. Al pactar su regreso en 2003, la volvió a dirigir en dos ocasiones.
DENUNCIA DE PEMEX
La Fiscalía mexicana ha informado que la detención se ha producido a raíz de una denuncia presentada por Petróleos Mexicanos (Pemex) el pasado 5 de marzo.
Fue presentada por la apoderada legal de la petrolera estatal «con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa», ha explicado la Fiscalía.
Se investiga la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
Según los investigadores, esta venta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex estaba dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.
Fuentes del Gobierno de México han indicado que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, y han informado que ésta todavía no funciona, por estar obsoleta.
A Emilio Lozoya se le investiga por presuntamente haber recibido unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
