El abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero del Interior Joaquim Forn en el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo ha realizado un duro alegato en su turno de informes finales llegando a acusar a los mandos policiales y responsables políticos del Estado de utilizar a los agentes desplazados a Cataluña con ocasión del referéndum ilegal para unos determinados objetivos políticos diferentes a hacer cumplir la ley.
El letrado, que ha defendido a su cliente atacando las posiciones de la acusación, ha explicado que dicho objetivo estaba claro desde principios de septiembre de 2017, cuando se aprobaron en el Parlament de Cataluña las denominadas leyes de desconexión.
A su juicio, se buscó dar una «apariencia» de organización con los Mossos d’Esquadra cuando desde el principio el plan era actuar de manera unilateral el 1-O.
Así, la actuación planeada «no tenía que ver con el auto judicial dirigido a impedir las votaciones, sino el propósito político de hacer ver que no había un referéndum homologable, que no pareciera un referéndum», ha añadido, poniendo estas últimas palabras en boca de uno de los principales testigos de la causa, el exsecretario de Estado José Antonio Nieto.
EL MANDATO JUDICIAL FUE UN «FRACASO»
«El dispositivo de coordinación era un fraude. Vinieron a hacer una intervencion unilateral, los agentes no sabían nada de una coordinación ni de la orden del secretario de Estado. Nadie quería coordinarse con los Mossos», ha sentenciado Melero, que después ha ido más allá al concluir que «ningún cuerpo policial cumplió la orden judicial» de impedir el referéndum.
«Desde el punto de vista policial, el mandato judicial fue un fracaso», ha subrayado.
En ese momento, el abogado de Forn ha criticado duramente la actuación del coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al que ha atribuido un «extrañísimo papel» en los días previos al referéndum, con su participación en reuniones cuando aún no había sido designado oficialmente o presentando informes de las mismas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sin haber levantado acta previa.
Así, dando la vuelta a las tesis acusatorias, el letrado ha llegado a decir que si alguien había venido a este juicio a defender a los agentes que participaron en el dispositivo, ese era él, «porque a la Policía no se la defiende dándole coba». En su opinión, la ineptitud de los mandos y de los responsables políticos» llevó a los agentes que actuaron el 1-O a «una situación endemoniada» que acabó perjudicando gravemente a su imagen pública.
«Los policías que actuaron bien, actuaron bien, pero adolecieron de un déficit de organización que fue pretendido y buscado», ha apuntado.
TRAER A LOS NAZIS A COLACIÓN
La intervención de Melero ha comenzado con una respuesta contundente a la tesis del fiscal Javier Zaragoza, quien durante su alegato final señaló que lo sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre de 2017, «es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años treinta a Estados Unidos ante el auge del nazismo, es lo que se llama golpe de Estado».
En opinión del letrado, sin embargo, únicamente se mencionó al jurista austriaco para «traer a los nazis a colación» y ello «contamina» el debate jurídico.
Así, se ha mostrado confiado en que durante su intervención demostraría que el Gobierno de la Generalitat «carecía de capacidad para imponer por la fuerza un marco normativo» determinado y además «no sólo no cortó las amarras y cedió ese poder, sino que tras el 27 de octubre de 2017 –fecha de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)– puso dicho poder «a disposición del Estado», en referencia a que acataron el artículo 155 de la Constitución.
«Los únicos actos documentados son actos de abandono del poder», ha añadido, para remarcar después que incluso el Govern «incumplió sistemáticamente el contenido» de sus propias leyes de desconexión y el día de la DUI «no se arrió la bandera, no se comunicó nada al cuerpo diplomático ni se aprobaron decretos y leyes de desarrollo».
«Si se consuma un alzamiento, lo que hacen es ponerte una estatua en una plaza de Madrid», ha ironizado para tratar de demostrar que lo ocurrido en Cataluña no fue un golpe de Estado.
REBELIÓN POSTMODERNA
Aunque ha calificado de «brillantes» los informes de las acusaciones, Melero ha seguido tirando de ironía para restar importancia a parte de la argumentación que utilizó la Fiscalía para justificar el delito de rebelión, una «rebelión postmoderna» en la que, a su juicio, se ha «pasado del cuartelazo rebelde a las redes sociales», en alusión a los tuits que pusieron algunos consellers durante el otoño de 2017.
Además, ha cuestionado que si tan «en jaque» se puso «al Estado», por qué no se pusieron en marcha mecanismos que están en la Constitución como los estados de alarma, excepción y sitio.
Eso sí, Melero ha reconocido ante los magistrados que su cliente cometió desobediencia a las disposiciones del Tribunal Constitucional, de las cuales recibió una.
«Cedo esa trinchera», ha dicho, para reconocer también que el 20-S, jornada de registros y detenciones en toda Cataluña por orden de un juez de Barcelona, hubo «desórdenes públicos» y también «actos concretos minoritarios de resistencia a la autoridad».
Pero, por lo demás, ha destacado que «no se detuvo a nadie ni hubo lesionados» y que los únicos desperfectos cuantificados por el Ayuntamiento de Barcelona fueron en unas vallas por valor de 800 euros.
Sí ha admitido que «quizá alguien se equivocó a primera hora de la mañana al no establecer un perímetro de protección», pero ha matizado que hacer una «valoración errónea» no es «ningun delito de sedición o rebelión». «La comunicación habría sido la mejor de las soluciones», ha afirmado.
Tras una larga exposición de más de hora y media, Melero no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer el trabajo de todas aquellas personas que han trabajado en este juicio, desde los agentes que han formado el dispositivo de seguridad del Supremo –»quien critique a nuestra policía no conoce a estos policías»– a los funcionarios del tribunal como «Paco», encargado de la tramitación de la causa y de quien ha dicho que «es necesario y los demás somos contingentes».
No han cesado aquí las alusiones que ha hecho el abogado a la película de José Luis Cuerda ‘Amanece que no es poco’, destacando que el guardia civil al que interpretaba José Sazatornil dice en algún momento del metraje que «el mayor problema de orden público en el pueblo es criticar a William Faulkner«.
«Yo espero que reconstruyamos una España en la que sólo discutamos por William Faulkner», ha concluido. EP.
