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El CGAE, a la caza y captura de los morosos de la abogacía

El problema de la morosidad es una de las lacras más acuciantes de nuestra sociedad. La falta de pago o las demoras en el cobro de facturas han sido la tumba de muchos empresarios o autónomos que han sucumbido ante tantos impagosDe izquierda a derecha Rafael Bonmati, tesorero CGAE; Eduardo Serra, presidente de Everis, Victoria Ortega, presidenta del CGAE; Juan María Sainz CEO de Informe D&B y Enrique Zarza, socio de ICIRED.
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Curiosamente desde el mundo de la empresa Antoni Cañete, presidente de la PMcM (Plataforma multisectorial contra la morosidad), manifestaba su pesar ante, en líneas generales, la falta de concreción de los partidos políticos mayoritarios en materia de morosidad en estas últimas elecciones recién celebradas.

El nuevo Gobierno que forme Pedro Sánchez tendrá que recuperar del baúl de los recuerdos aquella Proposición de Ley de refuerzo contra la Morosidad que aprobó el Congreso hace dos años, pero de la que poco hemos podido saber, aparte de que está parada, pese a la necesidad de su puesta en marcha.

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En esta tesitura, parece lógico dar un voto de confianza al Registro de Impagados Judiciales (RIJ) iniciativa en la que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es socio estratégico junto con otras empresas como Inversiones Colectivas en Red (ICIRED); y las consultoras Everis e informa D&B.

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Todas ellas constituyen la empresa Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas.

Cuestiones como resoluciones judiciales como los impagos de las pensiones de alimentos, deudas entre particulares, incumplimientos en contratos de alquiler o de compraventa de mercancías, y hasta la morosidad de instituciones condenadas a pagar por sentencia firme, son objeto de este nuevo registro online con validez en toda España.

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Es más, por primera vez los abogados contarán con un registro online, en tiempo real, para consultar datos sobre impago de honorarios de letrados. También el propio letrado podrá saber si el cliente que acaba de recibir en demanda de sus servicios, es solvente en la práctica.

El marco en el que nace dicho Registro de Impagados Judiciales invita a hacer algo para frenar una dinámica desoladora relacionada con la ejecución de sentencias y sus aplazamientos que hacen perder la paciencia a clientes y juristas.

En 2017 y según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España se han ejecutado más de 2,39 millones de sentencias que han dado lugar a 1.936.796 títulos judiciales, 394.414 ejecuciones penales y 44.632 ejecuciones en la jurisdicción social, además de las 6.670 reclamaciones de cantidad derivadas de laudos arbitrales.

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Sin embargo, en la práctica, miles de estas sentencias o laudos arbitrales quedan incumplidos o tienen un cobro infructuoso dejando a los ciudadanos indefensos ante los morosos.

 Y es que el problema de la ejecución de sentencias es uno de los más graves de la administración de justicia. Un reto para el nuevo Gobierno de Sánchez, buscar una solución a este atasco judicial.

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Sentencias firmes acreditan la deuda

En la presentación del RIJ esta mañana, a la que acudieron los principales dirigentes de estas entidades, se hizo una presentación del servicio. Se pueden reclamar las deudas acreditadas por sentencia firme de los últimos cinco años a partir de 50 euros.

El abogado, a petición del cliente introduce los datos en la aplicación de la deuda. Y en cinco días la parte deudora tendrá que responder dicha notificación primera que reciba. Si no lo hiciera se le incluiría en el RIJ como moroso, notificación que también recibiría, como dice la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD).

Este registro supone una novedad importante en la lucha contra la morosidad dejando claro las ventajas indudables que supone el uso de la tecnología en este tipo de actividades.

El fichero «online» está ya operativo desde su presentación en mayo, con gran afluencia de público e interesados, en el recién celebrado XII Congreso Nacional de la Abogacía Española, centrado en la transformación digital de los despachos.

La idea que explicaba la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, en dicha presentación, es el que la profesión de abogados, también sacudida por las deudas de clientes o de contarios, pueda contar con una herramienta que le ayude a la recuperación de ese dinero.

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El problema estará siempre en ese moroso contumaz y profesional que siempre se escabulle. Habrá que ver si el RIJ consigue atraparlo y, lo que es más importante que pague lo que debe.

Sus promotores se encuentran esperanzados que la difusión del RIJ cale en los más de 150.000 abogados que ejercen dicha profesión.

Y argumentan que dicha herramienta digital cumple escrupulosamente con la nueva LOPD, la Ley de Protección del Derecho al Honor y el Código Deontológico de la Abogacía, garantizando la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva y a que se cumpla la ejecución de la sentencia.

Estaremos muy pendientes del funcionamiento en la práctica del RIJ.

Ojalá sea una herramienta que ayude al abogado a cobrar sus deudas y sea a medio y largo plazo una iniciativa útil en su gestión del despacho.

El CGAE, órgano representativo de los 83 Colegios de Abogados de España, no debe olvidar sus otros cometidos, como la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos y trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz.