La CNMV recibe 704 denuncias anónimas en el primer año de funcionamiento de este servicio
En la imagen, Sebastián Albella, presidente de la CNMV en una reciente convocatoria.

La CNMV recibe 704 denuncias anónimas en el primer año de funcionamiento de este servicio

El regulador de los mercados de capitales impuso 39 multas a lo largo del 2018 por un importe de 9,08 millones de euros
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18/6/2019 06:15
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Actualizado: 17/6/2019 23:52
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó ayer su Informe Anual, correspondiente a 2018. Un ejercicio en el que cumplió su trigésimo aniversario, que estuvo marcado por la aplicación del conjunto normativo europeo MiFID II-MiFIR y por la gran actividad derivada de la prevista salida de la Unión Europea del Reino Unido.

El documento recoge también la actividad del primer año de funcionamiento del canal que permite denuncias anónimas de posibles infracciones relacionadas con las normas de los mercados de valores caracterizado por su confidencialidad («whistleblowing»).

Desde su implantación hasta el 31 de diciembre de 2018 se recibieron un total de 704 comunicaciones.

Del total, 41 realmente eran reclamaciones, 104 tenían la naturaleza de consultas y 34 se referían a cuestiones que quedan fuera de las competencias de la CNMV.

De los 525 restantes, 316 contenían elementos fácticos suficientes para proceder a su análisis.

Durante 2018 se prestó especial atención al fenómeno de los criptoactivos y se realizó una búsqueda de proyectos del Instituto de Crédito Oficial que pudieran ser considerados españoles, lo cual derivó en la apertura de 73 investigaciones.

En lo que respecta a actuaciones disciplinarias, se iniciaron 21 expedientes sancionadores (16 en 2017) y se concluyó la tramitación de 23 (7 más que el año anterior), con 39 multas, lo que supone un aumento de 12 sanciones con respecto a 2017. Su importe fue de 9,08 millones de euros (13,9 en 2017).

En 17 de estos expedientes los presuntos infractores se acogieron a los supuestos de terminación anticipada, hecho que ha sido determinante en la reducción del plazo medio de tramitación de los expedientes sancionadores a 180 días.

Por otra parte, en el pasado ejercicio se dictaron 23 resoluciones judiciales referidas a expedientes sancionadores.

La Audiencia Nacional dictó 12 sentencias desestimatorias de los recursos, un decreto de desistimiento y un auto de inadmisión, que supusieron la íntegra confirmación de las resoluciones recurridas, y 3 sentencias parcialmente estimatorias, que rebajaron alguna de las multas impuestas.

El Tribunal Supremo resolvió seis recursos de casación, todos en sentido favorable a la CNMV.

En la supervisión de los mercados la CNMV completó la implantación del nuevo sistema de reporte según MiFID II, que ha ampliado el universo de entidades obligadas e incrementado el nivel de detalle en la comunicación de las operaciones.

En este contexto, se recibieron más de 110 millones de registros de comunicación de operaciones ejecutadas sobre instrumentos financieros y más de 285 millones de registros relativos a operaciones sobre instrumentos financieros españoles de otras autoridades competentes de la UE.

El número de operaciones sospechosas reportadas (Suspicious Transaction and Order Report, o STOR, en inglés) ascendió a 232, número similar al de 2017.

Como resultado de las labores de investigación de la Unidad de Vigilancia de Mercado (UVM), se incoaron siete expedientes sancionadores sobre abuso de mercado a once personas jurídicas o físicas.

En cuanto a las actuaciones de supervisión de entidades, se remitieron 865 requerimientos (de ellos 437 solicitudes de información).

En el caso de la supervisión de fondos y SICAV, los trabajos se centraron en los análisis preventivos para asegurar que las SGIIC cumplen sus obligaciones, se resuelven los conflictos de intereses adecuadamente y los partícipes y accionistas reciben información suficiente.

Desde la CNMV se insiste en cuatro áreas concretas donde se ha centrado la supervisión del regulador para mejorar la protección del inversor desarrolladas en 2018:

-Habría una revisión horizontal del nivel de adaptación de las ESI a las nuevas obligaciones de información relativas a incentivos y costes, establecidas en MiFID II.

-Otra revisión horizontal del cumplimiento de las obligaciones de información al inversor minorista establecidas en el Reglamento PRIIPS.

-Una tercera revisión de la obligación de las entidades de adoptar medidas dirigidas a garantizar la fiabilidad de la información obtenida de los clientes para evaluar la conveniencia o idoneidad de sus inversiones.

Y por último la revisión del material publicitario de los fondos de inversión.

Uso de tecnología para detectar rentabilidades

También se describe en el informe la intensa actividad desarrollada durante 2018 en relación con el “Brexit”:

Actuaciones relacionadas con la relocalización en España de parte de la actividad desarrollada por entidades que tienen su base de operaciones en Londres; trabajo de preparación coordinado desde ESMA principalmente ante la posibilidad de que no haya acuerdo de salida; y labor de asesoramiento y apoyo al Ministerio de Economía y Empresa en relación con la materia.

El informe anual también hace referencia a la creación de la nueva Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y a la participación de la CNMV en ella y describe la intensa actividad internacional de la CNMV durante 2018, ámbito en el que destaca la relacionada con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), de cuyo Comité Ejecutivo forma parte el presidente de la CNMV.

Según el Informe, en el año 2018 el entorno macroeconómico fue favorable en su conjunto, aunque con un menor crecimiento que en años anteriores.

Pese a ello, el PIB y el empleo continuaron en expansión. La situación patrimonial de los hogares continuó mejorando, pero su ahorro cayó hasta mínimos históricos.

Por último, durante pasado año se llevaron a cabo 63 ampliaciones de capital por sociedades cotizadas con captación de recursos por un total de 7.389,8 millones de euros, con una bajada del 70% respecto al año anterior.

El importe de las ofertas públicas de valores en procesos de salida a bolsa fue de 733,7 millones de euros frente a 2.944,5 millones en 2017.

«Muchas compañías cancelaron o aplazaron sus planes de salida por la situación de los mercados. En lo que respecta a opas, se autorizaron seis, con un importe potencial de 23.842 millones de euros, el valor más elevado de los últimos ejercicios, destacando la oferta sobre Abertis», señalan desde esta institución.

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