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La CNMC sanciona a 26 empresas y 2 asociaciones por crear un cártel en el transporte escolar de Murcia

Afirma que las mercantiles crearon una trama para engañar a la Consejería de Educación y encarecer los contratos públicos desde 2009 hasta la actualidadLas sanciones a las empresas ascienden a un total de 1,88 millones de euros y se activa el procedimiento para aplicarles la prohibición de contratar con la Administración; las asociaciones han sido sancionadas con 75.000 euros "por su labor de coordinación de la trama". Foto: EP
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 26 empresas de transporte escolar y a 2 de las principales asociaciones del sector por crear un cártel en el transporte escolar en la Región de Murcia.

La Sala de Competencia del Consejo de la CNMC ha dictaminado que estas empresas «crearon una trama para repartirse y encarecer los concursos de la Consejería de Educación al menos durante 10 años».

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Las sanciones a las empresas ascienden a un total de 1,88 millones de euros (1.885.762). A las asociaciones que articulaban el acuerdo les ha impuesto un total de 75.000 euros.

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Además, el organismo regulador ha activado el procedimiento para aplicar la prohibición de contratar con la Administración a las empresas multadas, remitiendo la resolución sancionadora a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

La CNMC considera acreditada la existencia de una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de la que son responsables las siguientes empresas atendiendo a la duración de su participación:

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Fuente: CNMC

Las asociaciones de empresas sancionadas son la Asociación regional de empresarios de transportes de viajeros de Murcia (FENEBUS-Murcia), con 60.000 euros, y la Federación regional de organizaciones empresariales de transporte de Murcia (FROET), con 15.000 euros.

Esta resolución está fechada a 20 de junio. Ha sido dictada por José María Marín Quemada (presidente), los consejeros María Ortiz Aguilar, Josep Maria Guinart Solà, Clotilde de la Higuera González, María Pilar Canedo Arrillaga, y el secretario del Consejo, Joaquim Hortalà i Vallvé.

Contra ella no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

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LA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ TRAS UNA DENUNCIA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

El expediente se inició tras una denuncia de la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Según informa la CNMC, durante la investigación se sumó un solicitante de clemencia, Transportes Periféricos Murciano (TRAPEMUSA), que ha quedado eximido de la multa por su colaboración para acreditar la infracción desde 2009.

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Posteriormente, otras dos empresas solicitaron la aplicación del programa de clemencia y proporcionaron nuevas pruebas (Autocares López Fernández y Autocares Paterna), viendo reducida a su sanción un 40 y un 30% respectivamente.

Según la resolución de la CNMC, las empresas habían creado un cártel para «amañar» los concursos públicos que realiza la Consejería de Educación para llevar gratuitamente al colegio a alumnos de educación primaria y secundaria.

Durante 2017, un total de 18.500 alumnos utilizaron diariamente el transporte escolar en la Región de Murcia, en un total de 402 rutas.

Las empresas del cártel del transporte escolar «se repartieron durante diez años aquellas rutas de su elección, estableciendo turnos y compensaciones para asegurar carga de trabajo y precios».

La CNMC expone que para articular la trama, firmaron un «convenio regulador» en 2009, y dos asociaciones empresariales se encargaban de articularlo y de vigilar su cumplimiento, señala la Comisión.

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Indica que esta conducta se produjo desde las reuniones preparatorias para la firma del Convenio de 2009 hasta junio de 2018, momento en que finalizó la ejecución del contrato correspondiente al curso 2016-2018.

La CNMC informa que la investigación ha revelado un «comportamiento coordinado, basado en un sistema de renuncias cruzadas, renuncias dobles y triples en un mismo lote, ofertas que se retiran en el mismo día en que se presentan e incluso renuncias condicionadas al mantenimiento de la renuncia de otro licitador».

Recuerda que de toda infracción de falseamiento de la competencia se deriva la prohibición de contratar con la Administración, en aplicación de la legislación de contratos públicos. La duración y el alcance de dicha prohibición habrá de ser fijado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

PROGRAMA DE CLEMENCIA

La CNMC destaca que considera prioritaria la lucha contra los cárteles, y recuerda que para su detección cuenta con el Programa de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.

La CNMC recuerda que una de las novedades de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia fue la introducción en España del programa de clemencia, que ya se había puesto en práctica con éxito en Estados Unidos y la Unión Europea.

Destaca que es muy importante para las empresas la diligencia a la hora de presentar sus solicitudes de clemencia, puesto que la exención en el pago de la multa se concede sólo a la primera empresa. A las que se acojan en segundo lugar y sucesivos disfrutarán de reducciones cada vez menores de la multa.

 

El organismo regulador también dispone de un buzón de colaboración donde los operadores o personas físicas pueden facilitar información a la autoridad de competencia sobre este tipo de infracciones muy graves.