La Audiencia Provincial de Madrid condenó al policía local de Alcorcón Mario M.B. a la pena de seis meses de prisión y dos años de inhabilitación especial por abofetear y dirigir comentarios humillantes a un detenido por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en 2009.
La sentencia condenaba a Mario M.B. a indemnizar a la víctima, Ernesto C.A., con 600 euros por un delito contra la integridad moral.
El tribunal consideró «probado» que los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2009, sobre las 06:45, cuando Ernesto C.A. se encontraba detenido por un presunto delito contra la seguridad en las dependencias de la Policía Local de Alcorcón, situadas en la calle Jabonería.
En presencia de Mario M.B., de 43 años, que en ese momento ejercía como cabo responsable del turno de noche, Ernesto C.A., que se encontraba de pie, escoltado por policías municipales y esposado con las manos a la espalda, manifestó en voz alta que los agentes que lo habían detenido le habían pegado.
En respuesta, Mario M.B. le dijo «espere, que como le pegue yo…», a lo que Ernesto C.A. le contestó que le pegara, justamente cuando el cabo pasaba a su lado, momento en que Mario M.B. le propinó hasta cinco bofetones y le dijo: «¿pero con quién te crees que estás hablando, pintamonas?».
Sin tramitación del expediente
El agente había pedido su reingreso en el cuerpo, pero su expediente nunca se llegó a tramitar. Ahora, el instructor ha dado el visto bueno a su reincorporación.
En su día el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial y concluyó que la condena impuesta fue muy favorable para el condenado a la vista de la “brutalidad singular” empleada.
Una vez que terminó su inhabilitación de dos años, el sargento pidió regresar a su puesto a través de una figura que recoge el derecho administrativo, pero que no suele ser frecuente: la rehabilitación.
El expediente nunca fue tramitado, pese a que cumplía con todos los requisitos formales que establece la ley.
El grupo de Ciudadanos llevó al pleno municipal una moción para impulsarlo. Pero se encontró con la negativa del PP, que temía que la readmisión se volviera en su contra por una posible alarma social.
Los compañeros de Mario se manifestaron durante varios plenos en los que pedían la rehabilitación. También acudió el propio afectado, que asistió impotente a la negativa de nombrar instructor de su expediente. Pese a que tenía derecho a ello, Mario nunca recurrió a la jurisdicción contencioso-administrativa.
