El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, ha afirmado este miércoles haber constatado la existencia de “una operación policial sin contar con la autorización judicial” dirigida contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y su entorno.
Estas declaraciones se producen en el marco del juicio de la ‘Operación Kitchen’ que se está produciendo en la Audiencia Nacional, donde se investiga un presunto operativo parapolicial impulsado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con el objetivo de obtener información comprometedora de Bárcenas sobre dirigentes del Partido Popular.
Actuación paralela sobre Bárcenas
Según relató Morocho, el 20 de agosto de 2013 recibió un correo electrónico en el que se le trasladaba una “cesión de información” procedente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, órgano entonces dirigido por Eugenio Pino, también acusado en esta causa.
Al analizar el contenido, el inspector encontró referencias explícitas a Bárcenas, junto a datos como teléfonos, personas vinculadas, vehículos, ubicaciones y sociedades.
Para Morocho, ese hallazgo supuso la confirmación de sospechas previas: la existencia de una actuación paralela sobre Bárcenas, ajena al equipo policial encargado de investigar Gürtel. Subrayó, además, que dicha información era “totalmente irrelevante” para la causa que él dirigía, lo que refuerza la idea de que se trataba de una operación distinta y no integrada en el procedimiento judicial en curso.
Actuación fuera de los cauces ordinarios
El inspector también incidió en una cuestión clave: la falta de coordinación conforme a los protocolos establecidos entre investigaciones secretas. Según explicó, no se siguió la metodología habitual de conexidad entre pesquisas, lo que apunta a una actuación fuera de los cauces ordinarios y sin conocimiento del equipo investigador principal.
En esta línea, Morocho dejó claro que la unidad de Gürtel no solicitó apoyo alguno a la DAO, organismo que —según precisó— no tiene funciones investigadoras directas, sino de supervisión y coordinación.
Esta circunstancia refuerza la tesis de que la actuación detectada no formaba parte de una investigación judicializada ni contaba con el respaldo procesal necesario.
Esta declaración podría cambiar el rumbo de la investigación
Finalmente, Morocho negó haber propuesto actuaciones intrusivas como el seguimiento o la intervención de comunicaciones de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, pese a que —según indicó— sus superiores le instaron a solicitar medidas como la intervención telefónica, algo que nunca llegó a formalizar.
El conjunto de su declaración sitúa en el centro del debate jurídico una cuestión de especial interés público: si se produjeron actuaciones policiales al margen del control judicial en un caso de alta relevancia política, lo que, de confirmarse, tendría implicaciones directas sobre la validez de las pruebas y la eventual depuración de responsabilidades.
