El coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha asegurado este martes que no recuerda que la denominada ‘Operación Kitchen’ figurase en los documentos relativos a los fondos reservados del Ministerio del Interior, aunque ha precisado que los listados mensuales de operaciones podían alcanzar “el centenar o los dos centenares”.
Pérez de los Cobos ha comparecido como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional para explicar su conocimiento sobre el uso de estos fondos, dado que en la época en la que se habría desarrollado la presunta ‘Operación Kitchen’ ocupaba el cargo de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano responsable de su gestión.
Durante su declaración, el coronel jubilado ha afirmado que “nunca” detectó “ninguna irregularidad” en la utilización de los fondos reservados y que ejerció las funciones de control previstas en la normativa vigente.
La causa enjuiciada investiga un presunto operativo parapolicial que, según la acusación, habría sido impulsado desde el Ministerio del Interior para sustraer información al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el contexto de la investigación judicial sobre la denominada caja B del partido.
En relación con el funcionamiento de estos fondos, Pérez de los Cobos ha explicado que estos gastos no están sometidos al control general aplicable al resto del presupuesto público, sino a un sistema específico destinado a preservar el carácter secreto de las actuaciones a las que se destinan.
Pérez de los Cobos explica el control de los fondos reservados
Asimismo, ha indicado que los documentos de control recogen conceptos genéricos, como el “pago a colaboradores”, sin detallar identidades concretas.
En este sentido, ha señalado que una misma operación puede implicar a numerosos colaboradores y que a la Secretaría de Estado de Seguridad únicamente se le comunica el importe global consumido en el periodo correspondiente.
El testigo también ha manifestado que “nunca” llegaron a su gabinete justificantes de pago (“recibís”) correspondientes a Sergio Ríos, investigado en la causa como chófer de Bárcenas.
Del mismo modo, ha indicado que no recuerda la existencia de gastos nominativos vinculados a Enrique García Castaño, quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y que estuvo inicialmente acusado en el procedimiento, si bien la causa fue archivada para él por motivos médicos.
