El asunto está en manos de la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Manacor, localidad de la isla de Mallorca, Ana Salmerón Armario. Lo que investiga, tras la aparición de 200 cadáveres insepultos en tres salas cerradas del cementerio municipal de Son Coletes, son dos posibles delitos. Uno contra la salud pública y otro contra el honor de los familiares de los fallecidos.
Sin embargo, los 36 años transcurridos podrían obligar a la magistrada a dar carpetazo a la indagación abierta al haber prescrito ambos hechos.
El hallazgo fue realizado el pasado sábado, durante la visita que hicieron los concejales Carles Grimalt –de Unidas Podemos– y responsable de este área, y Nuria Hinojosa –de PSIB-PSOE-, edil de urbanismo, con el fin de verificar las zonas afectadas por humedades en el cementerio y estudiar las reformas que tenían que hacerse.
La historia inevitablemente recuerda la historia narrada en el libro y la serie «Crematorio», que interpretó magistralmente el desaparecido José Sancho, o el caso de la supuesta estafa de los ataúdes de Valladolid.
¿Qué hacían los 200 cadáveres sin sepultar en dichas salas cerradas del cementerio municipal?
Todavía no se lo explican ni el alcalde actual del municipio, Miquel Oliver, de Més-Esquerra, ni Grimalt, ni Hinojosa.
Los tres calificaron, en una rueda de prensa celebrada ayer, el hecho como una «grave negligencia alargada durante años».
«Ante el hallazgo, enseguida dimos parte a la Policía Local, a la Policía Nacional y a la Justicia para que intervinieran», explicó el alcalde.
«Hasta ahora se ha ido buscando la documentación relacionada. Una vez terminada la investigación serán nuestros servicios técnicos y jurídicos los que estimarán la manera más adecuada de normalizar la situación», señaló Oliver.
Según el edil de este Ayuntamiento, que es gobernado por una coalición formada por la coalición de izquierdas Més-Esquerra, PSIB-PSOE y Unidas Podemos, su antecesor, Jaume Llull –del PSIB-PSOE (1979-1983)–, autorizó, en marzo de 1982, la construcción de las salas donde se encontraron los cadáveres, para que sirvieran de almacén hasta que se terminaran las obras de las tumbas de las que fueron extraídos.
«Evidentemente, este último paso, no se hizo», indicó el edil Grimalt.
Según los archivos del Consistorio, el nuevo alcalde de Manacor, Gabriel Homar, de Alianza Popular (1983-1987), ordenó el 21 de octubre de 1983 que los restos depositados en dichas salas fueran devueltos a sus tumbas.
Una orden que no se cumplió.
«Así estamos desde entonces», añadió.
Nadie se explica por qué no se hizo. La investigación abierta debe aclarar qué es lo que pasó.
Algunas fuentes plantean que, de fondo, podría haber existido un negocio de compra-venta de las tumbas vacías. Algo sobre lo que tendrá la última palabra la magistrada Salmerón.
