Las entidades Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia han anunciado en una rueda de prensa la creación del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña.
Además, han presentado el primer informe en el que relacionan los incidentes detectados en esta Comunidad Autónoma durante el primer semestre del año 2019.
El informe ha sido presentado por los presidentes de Impulso Ciudadano, José Domingo, y de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que han estado acompañados por el coordinador del Observatorio, Ángel Puertas, y el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas.
José Domingo ha declarado que la creación del Observatorio obedece a que en los últimos años se ha observado un incremento de la violencia en Cataluña por razones políticas, por lo que es importante que la sociedad catalana y la española en general, cuenten con instrumentos que permitan analizar los incidentes de este tipo, tomar conciencia de la gravedad de los hechos y luchar contra estas formas de intolerancia.
En su exposición, ha recalcado que el fenómeno de la violencia en Cataluña es casi exclusivamente de raíz independentista y tiene un evidente contenido hispanofóbico.
Fascista, todo el que no piensa en clave independentista
El hecho de que sea de baja intensidad no le resta gravedad. En este sentido, ha llamado la atención sobre las expresiones de corte totalitario como “Els carrers serán sempre nostres” o “”Fora feixistes dels nostres barris” (entendiendo por fascista todo el que no piensa en clave independentista).
A su juicio, queda demostrado que la reiteración de actos de violencia política, en su mayoría generados por grupos o personas adscritas al bloque secesionista, tienen como finalidad neutralizar al adversario constitucionalista o contrario a la independencia y provocar el desistimiento o abandono de la acción política de los oponentes ideológicos.
José Domingo ha informado que el informe será remitido a Fiscalía, a los Gobiernos de España y Cataluña, al Parlamento de Cataluña, líderes de formaciones políticas, Defensor del Pueblo y Síndic de Greuges.
Ha calificado a la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña como un instrumento sectario y fallido, dado que ha nacido para defender la causa independentista y no para amparar los derechos civiles de todos los catalanes.
El Presidente de Impulso Ciudadano ha anunciado que el Observatorio realizará informes semestrales y ha solicitado que los ciudadanos y entidades comuniquen al Observatorio o a cualquiera de las entidades que lo integran los incidentes de violencia política que conozcan para hacer su seguimiento.
Por su parte, el vicepresidente de Impulso Ciudadano, Rafael Arenas, ha abordado el contexto político que ha servido de marco para el informe.
Según ha explicado, el incremento de la violencia no puede desvincularse del desafío a la legalidad que protagonizan tanto la Generalitat como muchas administraciones locales en Cataluña.
Por una parte, esta desobediencia banaliza las infracciones a la legalidad y en ese sentido alienta a quienes se creen legitimados para coaccionar o limitar los derechos de los demás.
Por otra parte, esta desobediencia se enmarca en una política de deslegitimación de las instituciones del Estado, y particularmente de los Jueces y Tribunales, que explica una parte muy importante de los actos de violencia recogidos en el informe.
El inicio del proceso judicial produjo más actos violento
En este sentido, no es casual que el mes en el que más actos violentos se produjeron fue el de febrero, el del inicio del proceso en el Tribunal Supremo contra los líderes por los hechos de septiembre y octubre de 2017.
Por último, la vulneración permanente de la legalidad en apoyo de las posiciones nacionalistas crea una situación de desamparo de la ciudadanía.
Esta situación explica que hayan sido los ciudadanos quienes hayan asumido la tarea que debería corresponder a la administración, en lo que se refiere al respeto a la neutralidad política en los espacios de titularidad pública.
«Es necesario que se persigan todos los actos de violencia política y que sean condenados con contundencia, especialmente por instituciones y autoridades públicas», apuntan.
Finalmente, Esteban Ibarra ha declarado que los hechos recogidos en el Informe mayoritariamente debieran de ser considerados relacionados con delitos de odio por motivación ideológica y ante estos hechos sólo cabe su denuncia judicial o bien la actuación de oficio de los Mossos d’Esquadra o de la Fiscalía.
El Informe coincide con los indicios de crecimiento de delitos de odio por razón ideológica que vienen detectando la Oficina de Lucha del Ministerio del Interior o de la Fiscalía de Barcelona.
En consecuencia, se debe animar y fomentar la denuncia porque la impunidad es el principal aliado de estos delitos y podríamos estar ante una espiral agravada del problema.
