Francisco Hortiguela, director general de Ametic y Paul MacDonnell, ponente del estudio.
La ‘Tasa Digital’ que quiere imponer Sánchez a las tecnológicas reducirá la competitividad de pymes e impactará en el consumidor
Es previsible que el coste lo terminen soportando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -especialmente aquellos con rentas bajas-, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos. Todos ellos conforman la parte de mayor crecimiento de la economía digital
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07/9/2019 06:22
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Actualizado: 07/6/2022 16:22
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El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) creará barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y startups, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales.
Además, repercutirá negativamente en el bienestar de los consumidores españoles, particularmente en las rentas bajas.
Así se desprende del Estudio «Who will bear the Burden of DSTs»?, (Quién soportará la carga de los impuestos sobre los servicios digitales) presentado en Madrid por Paul MacDonnell, director ejecutivo de la Global Digital Foundation.
Esta es una plataforma para el diálogo entre los responsables políticos, académicos y otros stakeholders, en apoyo a políticas para la sociedad digital que tienen su razón de ser o justificación en datos empíricos.
Según el informe, que analiza el efecto económico del impuesto sobre determinados servicios digitales en Europa y sus consecuencias para los consumidores y pequeñas empresas, la ‘Tasa Digital’ planteada por el Gobierno de España afectará a un mayor número de compañías de las previstas inicialmente (plataformas digitales con cierto tipo de servicios y determinados umbrales de ingresos).
Son muchas las pequeñas empresas que se están creando gracias a las plataformas digitales y otras tecnologías de Internet, y que se verán afectadas por el impuesto.
Como indicó hace unos días, en el 33 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic –la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España– en Santander, la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño, señalaba que el Gobierno mantiene su determinación de imponer una tasa digital en España.
Aun en el caso de que no sea posible llegar un acuerdo en el seno del G20, en la OCDE o en la propia UE.
Para Calviño la transformación digital, tiene que ver con un proyecto de país, que tendría que «ser apoyado por el conjunto de la sociedad».
Frente a ello el presidente de Ametic, Pedro Mier apeló a la unidad de las «fuerzas tecnológicas, políticas y sociales» en esta materia porque hay mucho en juego.
Tal y como ha explicado MacDonnell, el IDSD actúa como una tasa basada en el uso de datos de consumidores y ciudadanos.
De este modo, es previsible que el coste lo terminen soportando pequeñas empresas, autónomos, usuarios -especialmente aquellos con rentas bajas-, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos públicos.
Todos ellos conforman la parte de mayor crecimiento de la economía digital, ha señalado el experto.
Menor productividad de las empresas afectadas, menor competitividad y menor crecimiento económico a nivel nacional e internacional son algunos de los efectos negativos a largo plazo del IDSD.
Por consiguiente, la ‘Tasa Digital’ tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando injustas ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras, y reducirá la capacidad de la economía para generar trabajo y riqueza.
Siendo el sector tecnológico el que más contribuye a la creación de empleo y riqueza, y a pesar de que la Unión Europea considera a la tecnología digital una palanca de mejora de la productividad económica, la creación del IDSD frenará su uso y desarrollo.
Asimismo, el planteamiento del impuesto, gravando los ingresos y no los beneficios, contradice el tradicional principio de fiscalidad internacional de gravar los beneficios corporativos.
Las digitales no pagan menos impuestos
Entre los argumentos esgrimidos a favor del IDSD está que las empresas digitales son más proclives a aplicar estrategias para reducir el pago de impuestos que las que no lo son. No obstante, MacDonnell ha señalado que no existen evidencias que apoyen esta afirmación.
De hecho, una comparativa de las tasas efectivas de impuestos corporativos (ECTR en sus siglas en inglés) de las empresas digitales con las no digitales confirma que las primeras utilizan menos las estrategias para evitar el pago de impuestos.
Al respecto, destaca que la ECTR en el sector tecnológico está por encima del 26%, comparable con las tasas efectivas en sectores como alimentación o automovilístico, entre otros, y bastante por encima que el sector bancario, que se sitúa su ECTR por debajo del 20%.
Para MacDonnell, “si las plataformas digitales transfieren el coste del IDSD a sus clientes y usuarios de pago, las pequeñas empresas y las rentas más bajas se verán afectadas”.
Asimismo, ha comentado que, en relación con las plataformas digitales o la economía digital “los legisladores se están focalizando en los rasgos negativos, más que en los positivos”.
El resultado es que el lado negativo de las plataformas digitales en la sociedad se exagera y se tiende a dar menor importancia a la influencia positiva de las plataformas digitales y de Internet sobre la economía, como la facilidad de difusión y crecimiento para pequeñas empresas y startups”.
Por su parte, Francisco Hortigüela, director general de Ametic, transmitió la preocupación de la patronal por la ‘Tasa Digital’, ya que “penalizará a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo.
Además, este impuesto hará que España se perciba como un lugar incierto y costoso para hacer negocios, desalentando la inversión en nuevas empresas españolas”.
Hortigüela también ha señalado que “el planteamiento del IDSD se centra en la denominada ‘economía digital’, contradiciendo el consenso internacional de que ésta no pueda separarse del resto de la economía.
Es importante recordar que cualquier nuevo impuesto debe aplicarse a todas las empresas, sin discriminar sobre la base del modelo de negocio específico”.
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