La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, de la que es titular el magistrado en servicios especiales, Enrique López, cerró ayer el equipo con la toma de posesión de Yolanda Ibarrola como viceconsejera y número 2 de esta nueva cartera creada por la nueva presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.
Ibarrola había sido consejera de Justicia bajo el anterior gobierno regional del PP, presidido por Ángel Garrido.
La permanencia de Ibarrola como viceconsejera, aceptando bajar un escalón, ha sido un claro mensaje del actual ejecutivo al mundo de la justicia madrileña, donde había cundido la preocupación de que los planes de modernización de los edificios judiciales, puestos en marcha en la anterior legislatura -entre otras iniciativas importantes- se disolvieran.
De acuerdo con fuentes de la Consejería, «la sintonía personal y profesional entre Enrique López y Yolanda Ibarrola es plena, lo que asegura una gestión plena de iniciativas».
En el mismo acto juraron, o prometieron sus cargos, Carlos Novillo Piris como director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112; Pedro Irigoyen Barja, director General de Recursos Humanos; Carmen Martín García-Martos, directora General de Infraestructuras; José Luis Villarroel Cortés, director General de Emergencias; Ángeles Pedraza Portero, comisionada para la Atención a las Víctimas; María Dolores Moreno Molino, directora-gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI); y Manuel Galán Rivas, secretario general técnico.
Entre los asistentes a la toma de posesión, que tuvo lugar en la sede de la Consejería, situada a apenas 100 metros del Congreso de los Diputados, estuvieron Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Jesús Caballero Klink, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, entre otras personalidades.
A Díaz Ayuso todavía le queda por decidir si Yolanda Ibarrola debe renunciar a su acta de diputado regional.
En el caso de que lo hiciera, Juan Soler exalcalde de Getafe y exsenador del PP, pasaría a ocupar el escaño.
Soler ha sido citado como imputado en el caso teatro el próximo 3 de octubre.
Si renunciara a su acta de diputado regional, Ibarrola podría poner en grave peligro la continuidad de su gobierno.
Un riesgo latente que también se podría producir por otros motivos también, como que alguno de los diputados regionales del PP tuviera que renunciar por problemas de trabajo, salud o familiares.
Ignacio Aguado, el vicepresidente del gobierno regional, puso como condición en su momento que cualquier diputado que fuera formalmente imputado por un caso de corrupción tendría que dejar el escaño.
